Al menos 38 familias que fueron separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte de las medidas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump demandan al gobierno federal, debido a que sus niños sufrieron abuso sexual, físico o emocional en orfanatos financiados con fondos federales.

En años recientes, más de tres mil niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera.

Las familias presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil, que permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno.

El gobierno tiene seis meses para responder a los reclamos.

El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados atendió a casi 50 mil niños que cruzaron la frontera sin acompañantes, así como niños separados de sus familias.

Los documentos difundidos por el Congreso revelan que la Oficina de Asentamiento de Refugiados remitió al menos siete denuncias de abuso sexual al Departamento de Justicia en 2017 y 2018.

Tres de los cuatro incidentes ocurrieron en Cayuga Centers de Nueva York, la agencia más grande de alojamiento de niños migrantes en Estados Unidos.

Una madre guatemalteca, cuya hija de cinco años fue alojada en Cayuga el año pasado, dice que la niña todavía se despierta llorando por lo que padeció en el orfanato.

Cayuga Centers dijo en un comunicado, ayer, que toma la seguridad de los niños a su cuidado con toda seriedad y transmite las denuncias de abusos a las autoridades locales, estatales y federales correspondientes.

California, Oregón, Maine, Pensilvania y el Distrito de Columbia demandaron colectivamente a la administración del presidente Donald Trump por querer negar la residencia o tarjeta verde a millones de inmigrantes legales si tuvieran que recurrir a asistencia social.

Bajo esa lógica, “la mitad de la población de EU sería criminalizada si a todo el país se le aplicara la misma medida”, declaró el procurador de California, Xavier Becerra.