#Opinión La extinción de los fideicomisos y su impacto en materia de seguridad

Por: Mtro. José Carlos Hdez. Aguilar, especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada

La función del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es recaudar para el tesoro de la nación, todos los bienes, impuestos, aprovechamientos, productos, derechos, aportaciones, multas, recargos, etc., que le correspondan a la federación, destinándose una buena parte de esos recursos a diferentes proyectos o fideicomisos que son torales en el desarrollo del país. Entre estos, a uno de los más importantes rubros que buscan la paz, la justicia y la armonía social, como es el apoyo a la seguridad pública en sus 32 entidades federativas.

Sin embargo y con suma preocupación, hemos visto que para el próximo año fiscal el llamado “Programa de Fortalecimiento Para la Seguridad” (FORTASEG) y por decisión del titular del Ejecutivo de la República en consenso con su propia secretaría hacendaria, aquel se verá completamente diezmado. Este soporte pecuniario anual, es un esquema fiduciario que el gobierno federal otorga a los municipios y, en su caso, a las entidades, cuando estas ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros, pero que para el 2021 será recortado con casi 4´000 millones de pesos, y en su defecto, 3´300 millones serán entregados para la Guardia Nacional, la que como juguete nuevo del actual presidente, no ha dado ningún resultado trascendental, más que convertirse en la policía anti-migratoria de los Estados Unidos en México y la que dicho sea de paso, tan sólo de enero a septiembre de este año, ya suma 209 quejas en materia de derechos humanos.

Con esta gravísima resolución del Presupuesto de Egresos de la Federación, se deja completamente a la deriva a más de 300 municipalidades consideradas de alto riesgo delincuencial, así como a las grandes urbes donde se concentra casi el 90% de la incidencia delictiva, debilitándose con ello absolutamente todo el sistema nacional en materia de seguridad, situación que obviamente será capitalizada por una criminalidad mexicana muy bien orquestada, con una gran capacidad de operación y de armamento.

Las terribles consecuencias verticales e inmediatas, se verán reflejadas en mucho menos capacitación y profesionalización de todos los cuerpos policiales; un considerable recorte presupuestal no sólo para la adquisición de armamento, vehículos, combustible y uniformes, sino para las estrategias conjuntas contra de la delincuencia común y organizacional; la casi nula posibilidad de reclutar a nuevos policías, peritos, analistas de información, agentes del Ministerio Público y demás personal vinculado a las tareas de prevención e investigación de los delitos;

la evidente imposibilidad de solventar los costos para los procesos de certificación de todos aquellos y sacrificando de paso, a una importantísima institución de coordinación general como es la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su gran papel de coordinación, información, apoyo y gestión de las labores en este preponderante rubro.

Pero la cosa no acaba ahí, porque por otra parte se prevé en esa política populista de querer entregar dinero directo, que los municipios compensen la pérdida de aquel apoyo, con un 20% de los recursos sacados de otro fondo para la seguridad pública, llamado Fortalecimiento para los Municipios (FORTAMUN), que se reparte de acuerdo con el número de población, pero que no obliga a estos ni a las entidades federativas, a seguir lineamientos o cuentas a la Federación, porque sencillamente no son etiquetados, lo que consecuentemente no garantiza que ese dinero se reserve a la fuerza de sus policías ni a los temas de seguridad.

Por lo que en la más sincera objetividad e imparcialidad, podemos deducir que todo está planificado para tácitamente restarle fuerza a las policías locales, a fin de otorgarle más control a la Guardia Nacional, trasladándole a esta todo el poder de seguridad, ya que en el mismo Presupuesto de Egresos, se establece que “Será una corporación civil para prevenir, investigar y perseguir delitos del fuero común”, con el esperado riesgo de excederse en sus facultades legales, al tener injerencia en asuntos propios de los estados y municipios, lo que derivará en miles de amparos, mucho más burocracia, desgaste administrativo; cotos de poder y relaciones de por sí ya ríspidas entre las distintas corporaciones policiales; una completa desarmonización en las políticas de prevención, investigación y combate eficaz, contra una cada vez más robustecida delincuencia organizada que no perdona nada y mucho menos, esta permanente desorganización y politización partidista del estado mexicano y sus burdos vacíos de poder.

Es claro que esta caprichosa determinación no está hecha ‘al vapor’, sino muy bien concebida por un gobierno que quiere centralizar todo el poder; una figura de izquierda que aspira a controlar todo y que aquello que escape a su libre y autócrata voluntad, siempre será producto de adversarios y enemigos que quieren debilitarlo a él y al “pueblo sabio”, como en sutil y demagógicamente se le llama.

¡Un gobierno que coarta un presupuesto justo, en su obligado auxilio a las fuerzas del orden que procuran paz y justicia social, se convierte de inmediato en cómplice de la delincuencia y en un ente perversamente inmoral y donde hay ausencia de moralidad, no puede haber seguridad ciudadana ¡Sencillo, jamás habrá porque no existe ni en casa!