Al menos 12 entidades buscarán amortiguar los recortes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados con nuevos impuestos, con el incremento de los ya existentes o mediante el endeudamiento público.

Entre los sectores más afectados se encuentran turismo y servicios, pues se prevén gravámenes en hoteles, bebidas alcohólicas, juegos y sorteos y en aplicaciones de transporte; otro será directo a los automovilistas mediante programas de reemplacamiento y aumento en licencias y tarjetas de circulación.

En Yucatán, cuya diminución presupuestal alcanza los 3 mil 800 millones de pesos, el paquete fiscal del próximo año contempla al menos cuatro nuevos impuestos y un plan de reemplacamiento vehicular; el documento menciona un gravamen “sobre seguridad pública” y uno ambiental de 30 pesos por noche de hotel, similar al que ya se aplica en otros estados.

La tarifa a las placas no será mayor a los 200 pesos, sin embargo, considerando que hay padrón de 620 mil vehículos en el estado, se espera recaudar unos 120 millones de pesos; el paquete fiscal también plantea un impuesto de movilidad para plataformas como Uber y Cabify, una reforma a la Ley del Transporte sobre carga y descarga, con un pago anual de casi tres mil pesos por unidad que se dedique a esas labores, e incrementos en el cobro de licencias de conducir, actas de nacimiento y defunción, contratos de agua potable y otros.

Para amortiguar el golpe a las finanzas, en Tabasco se analiza cobrar hasta 850 pesos por placas nuevas a las 500 personas que tienen un vehículo, por lo que de cumplir con esta obligación se recaudarán 400 millones de pesos, aproximadamente. Otras entidades, como Puebla y Oaxaca recurrirán a esta estrategia.

En el primer caso, el gobierno del morenista Miguel Barbosa propuso reactivar los impuestos de Servicio de Hospedaje, el de Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, así como el aumento del cobro de las tarjetas de circulación y licencias, entre otros.

Como estrategia para paliar los efectos de los recortes, estados como Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Sonora recurrirán al endeudamiento. En el caso de la entidad neolonesa, el gobierno planteó al Congreso la opción de contraer un crédito de hasta 2 mil 900 millones de pesos, pero descartó un aumento en impuestos.