Registran millonarias pérdidas por arancel unilateral al tomate
Productores y exportadores mexicanos de jitomate, plantearon al gobierno de México –a través del Presidente de la República y de los titulares de Economía, Relaciones Exteriores y de Hacienda—su intervención urgente ante el gobierno de Estados Unidos, para que cancele el arancel del 17.5 por ciento vigente desde el 7 de mayo pasado.
Los productores mexicanos piden el cese de la investigación por “dumping” que autoridades y organizaciones de productores de EU plantearon y que, en su concepto, está fuera de contexto y es unilateral, además de que causa daños económicos a productores y exportadores que podrían llegar a 350 millones de dólares anuales.
Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) hizo un llamado a los funcionarios federales en momentos en que se cumple con el proceso de consulta y aprobación, por parte de los congresos respectivos de EU, Canadá y México, del Tratado de Libre Comercio, ahora denominado T – MEC, con la incertidumbre de una relación comercial inequitativa.
La acusación de “pagos por derechos compensatorios provisionales”, derivada de la acusación de “dumping” (supuestos subsidios gubernamentales) a las exportaciones de jitomate, no ha sido suficientemente discutido y analizado con autoridades del gobierno norteamericano ni con las organizaciones de productores de jitomate de EU (en particular de Florida), debido a una suspensión temporal que dispuso su gobierno, pero ahora resurge el tema.
La decisión del gobierno norteamericano, apuntó, impactará igualmente en el riesgo de la planta de empleo en 17 entidades federativas mexicanas, con un total de 1.4 millones de empleos directos, de los cuales más de un millón corresponden a la planta industrial y a empresas alimentadoras de insumos y servicios, y alrededor de 400 mil se refieren a jornaleros agrícolas.
Eduardo Orihuela Estefan, explicó que el acuerdo de presunción y controversia de dumping en tomate, se inició cuando los productores de Florida sospecharon de esa práctica. “En la relación comercial, nunca se comprobó y se optó por la firma del Acuerdo de Suspensión de la Investigación, frente a la evidencia de que el gobierno mexicano no da subsidio a ningún proceso de beneficio del cultivo. Esta es la razón de ilegalidad que debe ser reconocida por las autoridades norteamericanas y de los productores de ese país
