Acusa EU a gobernador de Sinaloa y otros 9 funcionarios de narcotráfico
Estados Unidos.- El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya; el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazares; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil.
A la lista también se agregan: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, Subprocurador Estatal; Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de la Policía Investigadora; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía Investigadora; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante policial.
En el caso de Millán, la justicia estadounidense expone que está acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes.
Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.
Los señalados en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
EL comunicado también indica que los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel.
Añade que ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. “A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”, se señaló por parte del Distrito Sur de Nueva York.