Admite Corte impugnación de la presidencia contra suspensión del ‘Plan B’ para Coahuila y Estado de México
México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las impugnaciones interpuestas por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y de Senadores en contra de la suspensión concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán para que la primera parte del “Plan B” no se aplique en Coahuila y el Estado de México.
Estas impugnaciones -promovidas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, y el presidente del Senado, Alejandro Armenta- fueron turnadas a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alhf, quien será la encargada de elaborar un proyecto de sentencia para que sea votado por la Segunda Sala del máximo tribunal del país.
“Se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, se puede leer en la lista extraordinaria de notificaciones del Máximo Tribunal del país.
De esta forma tanto la presidencia como el Congreso de la Unión buscan impugnar la resolución del 20 de febrero de 2023, por el que el ministro Pérez Dayán concedió la suspensión en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, solicitada por diversos diputados del Congreso de la Unión, promoventes de la acción de inconstitucionalidad 37/2023 acumulada.
De acuerdo con el ministro Pérez Dayán, la suspensión fue concedida debido a que la aplicación del “Plan B” en estas dos entidades que están en medio de un proceso electoral podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales de los implicados en este, al haber sido promulgado en plazo de veda electoral y contener modificaciones legales fundamentales para el proceso.
Por esta razón al día siguiente la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República anunció que impugnará la suspensión al calificarla como una decisión “arbitraria e ilegal”.
“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tendría que promover los medios de impugnación que establece la ley reglamentaria comentada más arriba, para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal”, señaló.
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