Arturo Medina exige investigación de fondo por presunta infiltración criminal en Sinaloa
Chihuahua.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, advirtió que la separación del cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no debe quedarse en una medida política, sino marcar el inicio de una investigación seria, profunda y sin simulaciones sobre la posible presencia del crimen organizado en estructuras de poder público.
Medina sostuvo que la exigencia social rebasa las licencias temporales o cambios de funcionarios, ya que lo que se demanda es una revisión integral de actores políticos, servidores públicos y operadores de gobierno que pudieran estar vinculados con organizaciones criminales, especialmente en entidades donde por años se han denunciado presuntos nexos entre poder y narcotráfico.
“El país no puede reaccionar solo ante presiones externas. La defensa de la soberanía exige decisiones firmes desde el interior, con instituciones que respondan a la ciudadanía y no a intereses electorales o coyunturales”, expresó.
El legislador chihuahuense afirmó que durante años distintos sectores han advertido sobre riesgos de colusión criminal en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, así como posibles actos de encubrimiento por parte de actores de alto nivel, denuncias que, señaló, han sido ignoradas por conveniencia política.
“Cuando el Estado permite que el crimen organizado suplante funciones en regiones completas, lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la soberanía nacional”, enfatizó.
Arturo Medina subrayó que defender la soberanía implica también impedir que grupos delictivos se conviertan en poderes paralelos capaces de influir en decisiones públicas, procesos electorales o instituciones.
En ese sentido, consideró necesario que cualquier funcionario señalado se separe del cargo para garantizar investigaciones objetivas, aunque dejó claro que esta medida por sí sola no es suficiente.
“No basta con licencias o renuncias estratégicas. Se requiere un compromiso real de la Fiscalía General de la República para investigar a fondo, integrar casos sólidos y, en su caso, fincar responsabilidades penales. La colusión con el crimen organizado es una de las formas más graves de traición al Estado mexicano”, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado a que el combate a la infiltración criminal deje de ser selectivo o reactivo y se convierta en una política de Estado.
“México necesita instituciones que actúen por mandato constitucional y responsabilidad histórica, no por cálculo electoral. La ciudadanía merece verdad, justicia y un país donde ninguna autoridad entregue territorio o instituciones al crimen organizado”, concluyó.