ASF asegura servidores y procederá contra responsables por irregularidades en examen de la UNAM
Ciudad de México. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició procedimientos contra funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y particulares por las presuntas irregularidades registradas durante el examen de admisión a licenciatura de 2026. Además, aseguró de manera precautoria los servidores informáticos de la empresa encargada de aplicar la prueba para preservar información relevante para las investigaciones.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó el viernes 30 de octubre que las posibles responsabilidades administrativas identificadas serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que deberá determinar si existen faltas y las sanciones correspondientes.
Durante la presentación de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el auditor destacó que, por primera vez en la historia del organismo, se logró el aseguramiento precautorio de los repositorios de información y servidores de la empresa Territorium Life, proveedora de la plataforma digital utilizada en el proceso de selección.
La medida busca evitar la pérdida o alteración de pruebas relacionadas con las fallas técnicas, la contratación del servicio y la administración de los exámenes. Hernández Palacios señaló que la investigación cuenta con la colaboración de las autoridades universitarias, incluido el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien solicitó la intervención de la ASF.
El proceso de admisión de 2026 presentó anomalías durante su primera aplicación completamente en línea. La prueba, realizada entre mayo y junio para más de 158 mil aspirantes, registró fallas técnicas y resultados estadísticamente atípicos, además de señalamientos sobre posibles trampas mediante herramientas de inteligencia artificial y otros mecanismos.
Ante las irregularidades, la UNAM suspendió parte del procedimiento, revisó los resultados y convocó a un examen de control presencial para aspirantes cuyos resultados estaban bajo revisión. La situación también derivó en la salida de Patricia Dávila de la Secretaría General de la Universidad.
La ASF continuará con las indagatorias para determinar las responsabilidades de los servidores públicos y particulares involucrados, así como las posibles consecuencias económicas derivadas de la contratación y operación de la plataforma. El organismo señaló que dará a conocer los avances conforme lo permita el debido proceso.