Aumento de prestaciones y disminución de jornada laboral podría perjudicar a PYMES: Diódoro Siller

Chihuahua.- El secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Diodoro Siller Argüello, señaló que, aunque la aprobación en el Senado de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales representa un avance alineado a una tendencia mundial y una deuda histórica con los trabajadores, la reforma contiene aspectos que no han sido suficientemente analizados y que podrían generar efectos adversos tanto para empleados como para empleadores.

Indicó que uno de los puntos más delicados es el nuevo esquema de pago de horas extras. Explicó que anteriormente, después de la novena hora extra, el tiempo adicional se pagaba al triple; sin embargo, con la nueva disposición, las primeras 12 horas extras serán cubiertas al doble y únicamente a partir de la décimo tercera se pagarán al triple. Esta modificación, afirmó, impacta directamente a los trabajadores que dependen del tiempo extraordinario para complementar su ingreso semanal.

Asimismo, precisó que algunos reclamos de sindicatos respecto a la falta de un segundo día obligatorio de descanso obedecen a que la reforma no modificó el artículo que establece que por cada seis días de trabajo corresponde uno de descanso. En ese sentido, continúa vigente la posibilidad de que patrón y trabajador acuerden la distribución de la jornada para permitir el descanso en sábado, tal como ya lo contempla la legislación actual.

Siller Argüello advirtió también que, al incrementarse prestaciones y mantenerse las obligaciones patronales sin incentivos fiscales, laborales o de seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas, estas podrían enfrentar mayores dificultades económicas para cumplir con la nueva normativa.

Señaló que, ante este panorama, existe el riesgo de que algunos empleadores opten por esquemas informales de contratación, lo que podría provocar que, en lugar de impulsar la formalidad laboral, la reforma termine incentivando el crecimiento del empleo informal.

Finalmente, el funcionario consideró necesario que este tipo de cambios sean consultados con la academia, especialistas en derecho laboral, el sector obrero y el sector empresarial, a fin de evitar que una reforma con buenas intenciones derive en consecuencias negativas para el mercado laboral formal.