Compra nueva Corte camionetas blindadas para sus ministros; justifican gasto por motivos de seguridad
México.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaparó las críticas en redes sociales por la compra de camionetas blindadas para las y los 9 ministros que la integran, por un monto cercano a los 1.7 millones de pesos por unidad, según los primeros informes.
De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, cada integrante de la Corte tuvo la oportunidad de elegir el color de su camioneta, ya sea entre gris y blanco. “Hoy les llegó un regalo atrasado de Reyes a los 9 ministros: cada uno recibió una camioneta Gran Cherokee último modelo marca Jeep”, publicó en su cuenta de “X”.
Momentos después, la SCJN oficializó la compra de las unidades y que esta se hizo con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, por lo que se tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros.
“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.
“La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales” se expuso en una tarjeta informativa del Máximo Tribunal del país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
Además, justificaron que, con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.
“Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, según se informó.
