Confirma ICHITAIP que 3 de cada 4 resoluciones de transparencia siguen sin cumplirse
Chihuahua.- El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) informó que el 73 por ciento de las medidas de apremio derivadas de recursos de revisión permanecen sin cumplirse en lo que va del 2026, lo que refleja que el incumplimiento de las resoluciones en materia de acceso a la información continúa siendo uno de los principales retos para los sujetos obligados en la entidad.
El titular de la institución, Sergio Rafael Facio Guzmán, explicó que en lo que va del año han impuesto 130 medidas de apremio, de las cuales 122 correspondieron a amonestaciones públicas y únicamente ocho escalaron a multas económicas, cuyo monto ronda los 16 mil pesos.
Los ayuntamientos concentran el 85 por ciento de las medidas de apremio emitidas por el ICHITAIP, entre ellos, Hidalgo del Parral encabeza la lista con 31 procedimientos, seguido de Matamoros, con 20, y Santa Bárbara, con 19.
El resto corresponde a otros sujetos obligados, entre ellos la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como los municipios de Guadalupe y Calvo, Nuevo Casas Grandes, Coronado y López.
El comisionado precisó que la mayoría de las resoluciones emitidas por el ICHITAIP ordenan a las dependencias entregar información que inicialmente fue negada o cuya respuesta fue omitida, por lo que el organismo privilegia el cumplimiento antes de recurrir a sanciones económicas.
“Siempre buscamos que se entregue la información; la multa es el último recurso”, expresó.
Facio Guzmán advirtió que la existencia de un organismo constitucional autónomo resulta fundamental para garantizar el derecho de acceso a la información pública, al señalar que, de depender directamente del Poder Ejecutivo, existiría un mayor riesgo de opacidad y de que la información no se entregue de manera completa o veraz.
Finalmente, señaló que, además de aplicar medidas de apremio, el ICHITAIP mantiene programas permanentes de capacitación y acompañamiento dirigidos a los sujetos obligados, con el objetivo de reducir los incumplimientos, fortalecer la cultura de la transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.