Denuncia defensa de Duarte presunta persecución política de autoridades federales
Chihuahua.- El abogado Juan Carlos Mendoza, defensor del exgobernador César Duarte Jáquez, denunció lo que considera una estrategia de presión política por parte de autoridades federales, tras mantenerse asegurada una propiedad del exmandatario en Hidalgo del Parral, a pesar de que ya se había otorgado un amparo para su devolución.
Según explicó Mendoza, la Fiscalía General de la República (FGR) habría iniciado una nueva carpeta de investigación con base en elementos de una causa penal estatal anterior que, aseguró, ya fue desestimada por los tribunales. Señaló que esta nueva acción tendría como objetivo prolongar el aseguramiento del inmueble, en lo que calificó como una maniobra sin fundamentos legales claros.
Indicó que, aunque un juez federal ordenó devolver la residencia, esta sigue bajo resguardo debido a la apertura de la nueva carpeta federal, cuyo contenido y delitos presuntos aún no han sido plenamente informados a la defensa. Mendoza calificó esto como una violación al derecho de audiencia y de defensa de su representado, alegando que solo se les ha permitido una consulta parcial del expediente.
El abogado también recordó que, tras ser extraditado en 2022, Duarte únicamente puede ser procesado por los cargos incluidos en la solicitud de extradición, por lo que considera que cualquier otra acción judicial es improcedente. Agregó que el exgobernador actualmente enfrenta solo una causa penal, y que dicha carpeta se encuentra en etapa de revisión ante tribunales colegiados, por lo que no descartan solicitar su sobreseimiento si el fallo les resulta favorable.
Finalmente, Mendoza cuestionó el uso de recursos legales que, en su opinión, carecen de sustento jurídico y solo buscan mantener una narrativa en contra del exmandatario. Reiteró que la defensa continuará exigiendo acceso completo al expediente federal para demostrar lo que considera una construcción legal sin base.
César Duarte fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y permanece vinculado a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa, derivados de su gestión como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016.