Dictan prisión preventiva en sede militar al expresidente de Paraguay

Paraguay.- El expresidente Santiago Peña fue llevado a una sede militar luego de que un juez le impusiera prisión preventiva tras ser imputado por su presunta responsabilidad en el colapso financiero de Ueno Bank.

Inicialmente, le habían otorgado prisión domiciliaria el viernes 6 de noviembre de 2026 tras ser destituido por el Congreso, sin embargo, con la nueva medida judicial, el juez Humberto Otazú pidió a la Fiscalía su detención y traslado al Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

Fue el viernes 6 de noviembre cuando el Senado paraguayo aprobó la destitución de Peña en un juicio político con 44 votos a favor y, al ser removido de la presidencia, perdió su inmunidad y el fuero de senador vitalicio.

Minutos después de la votación en el Congreso, la Fiscalía ordenó su arresto domiciliario en su residencia de Asunción mientras era puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras presentarse ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción este sábado por la mañana, Peña fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. El juez Humberto Otazú hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

El origen del caso se remonta a la crisis que estalló tras la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) en Ueno Bank debido a una grave insuficiencia en su índice de solvencia, lo que dejó congeladas las cuentas de más de tres millones de ahorristas.

La investigación fiscal indaga la colocación y permanencia de fondos públicos en dicho banco, perteneciente al Grupo Vázquez, del cual Peña fue accionista hasta el año 2025.

Por la misma causa también fue imputado y puesto bajo prisión preventiva el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, además de varios exdirectivos de la entidad financiera.

Ante esta situación, el vicepresidente Pedro Alliana juró ante el Congreso como nuevo presidente de Paraguay para completar el periodo constitucional hasta agosto de 2028.