EE. UU. apunta a bienes de funcionarios de Sinaloa por presunto vínculo con narcotráfico

Sinaloa.- La ofensiva legal emprendida por el Distrito Sur de Nueva York contra altos funcionarios de Sinaloa no se limita a eventuales condenas de prisión, sino que apunta directamente al desmantelamiento de sus estructuras financieras. De acuerdo con la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya se han emitido notificaciones de decomiso que alcanzan al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel.

El documento judicial establece que el eje de esta estrategia se centra en el rastreo de las denominadas “ganancias del fentanilo”. El Gran Jurado determinó que, en caso de acreditarse los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, los implicados deberán entregar a favor del gobierno estadounidense todos los bienes obtenidos directa o indirectamente de dichas actividades ilícitas.

Esta medida no solo incluye a Rocha Moya, sino también a perfiles como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual vicefiscal general, Dámaso Castro Zaavedra. El expediente detalla que el decomiso abarca cualquier propiedad utilizada, o que haya sido destinada, para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Uno de los elementos más contundentes de la acusación es la llamada “disposición sobre bienes sustitutos”, que permite a las autoridades proceder contra otros activos de los señalados en caso de que los bienes directamente vinculados al delito no puedan ser ubicados, hayan sido transferidos, vendidos o hayan perdido valor.

Con esta cláusula, la justicia estadounidense busca impedir que los acusados oculten su patrimonio mediante terceros o prestanombres, facultando al tribunal para perseguir cualquier otro bien hasta cubrir el monto total de las ganancias ilícitas presuntamente generadas.