El pacto de impunidad de Calderón y Peña que costó 1.9 millones a México
Una conspiración de Estado para beneficiar a Braskem–Idesa y a sus socios en el Gobierno”, destaca la denuncia de hechos por el posible desfalco a Pemex de mil 935 millones de pesos en el Complejo Etileno XXI, hoy en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos privilegios que recibió desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo a un reportaje de SinEmbargo a denuncia de hechos en Etileno XXI, presentada en junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) por Alfredo Figueroa Fernández, exconsejero del IFE (hoy INE), y el abogado Paulo Díez Gargari, coincide con las declaraciones que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, hizo ante la FGR y en donde además acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.

“Emilio ‘L’ apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht”, según informó el Fiscal Alejandro Gertz Manero en conferencia de prensa. Respecto a ese tema, añadió, Emilio “L” aseguró que “se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.
Estos privilegios que Lozoya menciona en su denuncia en realidad forman parte de un “pacto de impunidad entre las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018)”, dijo a SinEmbargo el abogado Paulo Díez Gargari. “Por un lado la operación la hizo Luis Videgaray (con Peña) y del otro José Antonio Meade (con Calderón)”.
El esquema de corrupción en Etileno XXI para dañar a Pemex comenzó en el sexenio de Felipe Calderón el 6 de noviembre de 2009, cuando Braskem (filial de Odebrecht) y la mexicana Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández –entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación–) ganaron la subasta promovida por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex Transformación Industrial (PTRI), para el suministro de 66 mil barriles diarios de etano que serían utilizados como materia prima en el complejo petroquímico que se construiría en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz.
Meses después, el 19 de febrero de 2010, Pemex le adjudicó al consorcio un “Contrato de Suministro de Etano” por un periodo de 20 años. Braskem-Idesa invirtió 5 mil 200 millones de dólares para diseñar, financiar, construir, poseer y operar una planta de etileno y dos o tres plantas de polietileno con la infraestructura de servicios y de accesos.
“Estamos hablando de la más grande inversión de Brasil en México”, declaró el 23 de febrero de 2010 Bernardo Gradin, presidente de Braskem, en una reunión entre México y Brasil tras el cierre de la cumbre del Grupo de Río en el balneario mexicano de Playa del Carmen.
El 29 de abril de 2011, en la sesión ordinaria 827 del Consejo de Administración de Pemex presidida por José Antonio Meade Kuribreña, entonces Secretario de Energía, el consejero Rogelio Gasca Neri propuso suspender el Complejo Etileno XXI hasta que fueran aprobadas las modificaciones a los contratos, incluido el Contrato de Suministro, pero el presidente del Consejo ignoró la propuesta.
Los argumentos de Gasca Neri, según constan en el acta del Consejo solicitada vía transparencia por la plataforma Méxicoleaks, eran que Pemex se vería afectada por este negocio privado.
“La principal objeción de Gasca era un tema técnico muy sencillo: en el contrato Pemex declaraba que tenía reservas suficientes de gas para surtirle etano a Etileno XXI durante los 20 años del plazo original del contrato e incluso los 15 años de prórroga, lo cual era evidentemente falso”, explicó el abogado Paulo Díez.
Esta trama de presunta corrupción que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón se consolidó con Enrique Peña Nieto. La operación para blindar el Complejo Etileno XXI duró 10 días y abarcó las dos administraciones.
“Siete días antes de terminar el sexenio de Calderón se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se incrementa el impuesto a la importación de polietileno. El decreto debía entrar en vigor el 1 de enero de 2015, unos meses antes de la fecha de inicio de operaciones del Proyecto Etileno XXI”, detalló Díez Gargari.
Se pactó el inicio de operación a más tardar al 30 de junio de 2015, así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014). Pero, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no generó valor económico ni rentabilidad para Pemex en 2016 pues empezó a operar hasta marzo.