Miércoles, 3 de junio del 2026

Gobiernos de Sonora y Tamaulipas niegan investigaciones de EE.UU. contra sus mandatarios

México.- Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron las versiones que señalan que sus respectivos gobernadores, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, son objeto de investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La respuesta se produjo luego de que el diario estadounidense Los Angeles Times publicara un reportaje en el que asegura que ambos mandatarios estarían bajo escrutinio de instancias federales estadounidenses.

En el caso de Sonora, la vocera del gobierno estatal, Paloma Terán, afirmó que Alfonso Durazo mantiene vigente su visa para ingresar a Estados Unidos y aseguró que no existe notificación alguna sobre procedimientos o investigaciones en su contra.

A través de redes sociales, la funcionaria rechazó los señalamientos difundidos por el medio estadounidense y sostuvo que carecen de sustento, al tiempo que reiteró el compromiso de la administración estatal con la transparencia y la rendición de cuentas.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, también desmintió la información relacionada con Américo Villarreal. Señaló que las acusaciones se basan en fuentes anónimas y versiones no verificadas, por lo que consideró que no existe evidencia pública que respalde los señalamientos.

El funcionario criticó que se difundan acusaciones de alta gravedad sin documentación oficial o pruebas comprobables que las sustenten.

La publicación de Los Angeles Times sostiene que ambos gobernadores podrían ingresar a territorio estadounidense mediante un permiso especial denominado “Significant Public Benefit Parole”, un mecanismo utilizado por las autoridades de ese país para permitir el ingreso temporal de personas cuya participación es considerada relevante en determinadas investigaciones o procedimientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido públicamente documentación que confirme las presuntas investigaciones mencionadas en el reportaje, mientras que los gobiernos estatales involucrados mantienen su rechazo a las versiones difundidas.