Chihuahua.- Durante la sesión de Cabildo en la que se discutió el dictamen para desincorporar del régimen de dominio público municipal y posteriormente enajenar un tramo de la calle Anastasio Bustamante, entre la calle 21ª y avenida Universidad, regidores de la oposición manifestaron su rechazo a la propuesta.

El regidor de Morena, Hugo González, cuestionó que se pretenda retirar del patrimonio municipal una vialidad para incorporarla a un proyecto privado, al señalar que las decisiones relacionadas con movilidad deben sustentarse en estudios y evidencia técnica.

“La movilidad se defiende con evidencia y visión de largo plazo, no con frases tranquilizadoras ni decisiones consumadas”, expresó durante su intervención.

González también criticó lo que consideró un trato desigual entre pequeños comerciantes y grandes empresas, al señalar que mientras se aplican medidas para retirar a vendedores de la vía pública, ahora se plantea desaparecer jurídicamente una calle para entregarla a un consorcio.

“La ley no puede ser dura con los pequeños y flexible con los grandes”, sostuvo.

Otro de los puntos cuestionados por el regidor fue la consulta a los habitantes de la zona. Aseguró que recorrió la colonia y habló con vecinos que, según dijo, no tenían conocimiento de la propuesta, por lo que consideró necesario que este tipo de consultas se realicen antes de tomar una decisión.

Asimismo, señaló que aspectos como la seguridad peatonal, accesibilidad y cumplimiento de estudios técnicos no deben verse como concesiones, sino como obligaciones mínimas ante cualquier modificación de una vialidad.

Sobre el monto establecido para la operación, González recordó que se habla de aproximadamente 18 millones de pesos, cantidad que, de acuerdo con sus cálculos, representa alrededor del 0.25 por ciento del presupuesto anual del municipio.

Sin embargo, consideró que el recurso económico no compensa la pérdida permanente de un espacio público.

“El patrimonio vendido difícilmente regresa”, afirmó.

El regidor aclaró que su postura no significa estar en contra de la inversión privada, sino de utilizarla como argumento para disponer de bienes que pertenecen a la ciudadanía.

“No estamos en contra de la inversión privada. Estamos en contra de usarla como pretexto para rematar lo que es de todas y todos”, declaró.

Por estas razones, González adelantó su voto en contra del dictamen y pidió que su postura quedara asentada en la sesión de Cabildo.

Por su parte, la regidora Elena Rojo también fijó una postura crítica frente al dictamen y cuestionó particularmente el respaldo anticipado de la bancada del PAN a la enajenación de la calle.

Antes de la votación, tomó la palabra para señalar que el espacio en discusión forma parte del patrimonio de los ciudadanos y cuestionó que se pretenda otorgarlo a empresarios para incorporarlo a un proyecto comercial.

Rojo centró su intervención en la decisión de disponer de un bien público y en la forma en que, desde su perspectiva, se condujo el proceso previo a la votación.

La regidora cuestionó que integrantes de la bancada panista hubieran respaldado la operación con anticipación y sostuvo que el Ayuntamiento debía considerar que se trata de un espacio que pertenece a la ciudadanía antes de aprobar su desincorporación y posterior venta.

Con sus intervenciones, ambos regidores dejaron constancia de su rechazo a la propuesta antes de la votación.