En poco más de una década México ha gastado más de 600 mil millones de pesos en una estrategia de prevención del delito mal diseñada de origen, imposible de medir, incongruente e inconsistente, y que a las luces de la situación de inseguridad y violencia en la que hoy se encuentra el país no ha dado resultados.

Esa es la conclusión a la que llega un informe especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que se evaluaron todos los componentes de la política pública de prevención delictiva implementada por México desde su concepción en 2008 y hasta el cierre de 2018.

Dicha política, explican los expertos, se sustenta en tres componentes: prevención social, contención del delito y prevención de reincidencia delictiva. A partir de ellos los gobiernos han implementado múltiples planes y acciones con la finalidad de atajar la creciente incidencia delictiva y la percepción de inseguridad.

Sin embargo, los expertos advierten que se trata de enfoques que, si bien parecen identificar de forma acertada las causas del problema, en la realidad se han traducido en acciones aisladas, incongruentes y desarticuladas, que impiden dar una respuesta integral a la crisis de violencia.

El problema se agrava porque aun con los cambios de administraciones los esquemas mantienen la misma inercia ineficaz y costosa.

“De mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de la prevención del delito bajo las condiciones actuales, se espera que empeoren las condiciones de seguridad pública, debido a la persistencia en el incremento de la incidencia delictiva, originado por la ausencia de una atención integral a la comisión de probables actos delictivos para evitar que sean consumados”, indica la auditoría.

De acuerdo con el análisis de los auditores, de 2008 a 2018 nuestro país ha gastado 600 mil 732 millones de pesos en la implementación de la política pública de prevención del delito. Se trata de una estrategia cuyo costo se ha venido incrementando año con año.

Y es que mientras en 2008 se invirtieron (ya en cifras constantes) 27 mil 58 millones de pesos, para 2013 la inversión ascendía a 56 mil 884 millones de pesos, y en 2018 llegó hasta los 66 mil 31 millones de pesos anuales.

Esto significa que en el referido lapso el costo anual de la política de prevención del delito se disparó más de 144%.