Por: Mtro. José Carlos Hdez. Aguilar, Especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada

Nos queda muy claro que el sistema jurídico de una nación, no puede quedarse retrógrado o anacrónico ante el vertiginoso avance de una sociedad completamente globalizada y más, cuando esta ha sido estocada por una delincuencia que no cede: Estado de Derecho que plasma su máxima voluntad en un documento solemne que, en nuestro país, toma el nombre de “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La cual y de acuerdo a su propio numeral 135, esta sólo puede ser adicionada o reformada por un Poder Constituyente Permanente que se integra por el Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes y que aquellas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

De acuerdo al derecho comparado, es preciso referir que la Constitución de los Estados Unidos (promulgada en 1787), sólo ha tenido 27 modificaciones en 233 años; la española de 1978 solamente en tres ocasiones y la brasileña de 1988, con 70 decretos de reforma.

Pues con aquel placer legislativo mexicano, la nuestra, con sus 103 años de vida ha sido reformada en más de 707 ocasiones, a través de 233 decretos aprobados por ese colegio constituyente. Como resultado de esas transformaciones al texto original, simplemente al año 2018, el cuerpo del Pacto Supremo engordó 5 veces al pasar de 21´382 a 111´783 palabras que hoy la conforman. Con obviedad político-partidista, los artículos más alterados son el 73 (de las facultades del Congreso), el 123 (del trabajo), el 27 (sobre el régimen de propiedad) y el cardinal 89 (de las facultades del Ejecutivo). Tan sólo estos 4 numerales se han modificado 144 veces.

No omito mencionar, que de los 136 artículos que integran el texto inicial, sólo 22 se encuentran intactos. Por citar un ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto, es el que más enmiendas promulgó en la historia del documento con 155.

Sin embargo, no sería justo dejar de mencionar, que efectivamente con las adecuaciones constitucionales han existido cambios trascendentales en el ejercicio de la gestión de sistemas gubernamentales, como la creación de instituciones de salud, organismos protectores de derechos humanos, leyes secundarias y colectivos públicos a favor de personas de la tercera edad, con discapacidades o a favor de niños, niñas y adolescentes, etc.

Se cuenta además con un nuevo sistema de justicia penal acusatorio; el reconocimiento de nuevos derechos, nuevos valores sociales, más prerrogativas laborales, fuertes medidas de seguridad pública y nacional; normas imperativas de carácter ambiental; así como algunos otros ideales, clamores populares y muchos, muchos más ajustes a nuestra ley soberana.

Pero entonces ¿Qué pasa en México? ¿Por qué tanta pobreza extrema, violencia sinigual, corrupción enfermiza, grotesca impunidad, francas violaciones a los derechos humanos, salud de tercer mundo y un caos social en nuestro país, si tenemos la mayor muestra soberana de literatura y filosofía jurídica ante el resto del mundo? La respuesta sincera jamás será encontrada en los fríos discursos demagógicos, de los que tienen la obligación de cuidar que se cumpla a cabalidad el pacto supremo, sino que la tiene cada mexicano o mexicana que -en su objetividad ciudadana-, se precie de amar profundamente a su tierra. ¡Sencillo! ¡No existe la voluntad individual, luego la voluntad político-grupal de hacer cumplir con garras y dientes como un león embravecido, la grandeza de nuestra máxima y solemne voluntad!

Por ello, los centenares modificatorios al pacto supremo, no han sido excepciones sino una constante jugada de ajedrez partidista, por gobiernos que no son capaces de brindarle al país una tierra de igualdad y de concordia; de seguridad y de justicia social; de respeto a los más sagrados derechos humanos ¡En síntesis, un demencial jaque mate al pueblo, a través de los execrables vacíos de poder!

Ahora el planteamiento final sería, si es necesario jubilar de tajo nuestra Constitución Política para dejar de trastocarla tanto creando una nueva, acorde a los presurosos cambios sociales o bien, continuar con las múltiples adecuaciones a la misma, a través de ‘reales’ referéndums ciudadanos de carácter constitucional, para poder convalidar soberanamente esas reestructuras, fortaleciendo y al mismo tiempo, limitando al poder revisor constituyente, abonando a la correcta legitimidad de los ajustes a los principios fundamentales que ordene el pueblo mexicano, en sus necesidades más sentidas.

Mexicanas y mexicanos: ¡Una voz unida llamada ‘Constitución’, es el alma y el corazón vibrante, de un pueblo que lucha y trabaja en la instauración verdadera de un nuevo orden social, ¡sintiéndose eterna y maternalmente protegido en ella!

(NOTA: La fuente de los datos descritos, provienen de la Dirección General de Difusión y Publicaciones, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 27 de octubre de 2018)