Presentamos 7 propuestas para mantener el INAI y ninguna fue escuchada: Adrián Alcalá

Chihuahua.- Adrián Alcalá Méndez, ex comisionado presidente del INAI, advirtió que la desaparición o transformación de los organismos garantes de transparencia en México avanza sin que se atiendan alternativas técnicas que permitirían mantener su función sin representar una carga presupuestal.

Señaló que, aunque el Gobierno Federal argumentó motivos económicos para impulsar la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024, rechazó al menos siete propuestas de reestructura y reorganización que estos institutos presentaron para reducir gastos y mantener sus facultades esenciales.

Durante su intervención, Alcalá recordó que México fue pionero en materia de transparencia y que algunas entidades, como Chihuahua, estuvieron entre las primeras en contar con un órgano constitucionalmente autónomo. Explicó que entre 2007 y 2012 todas las entidades federativas ya habían desarrollado marcos legislativos en la materia, aunque muchos de ellos fueron replicados sin un análisis profundo, repitiendo errores que ahora se reproducen a nivel federal.

Detalló que, en el proceso previo a la reforma de 2024, sostuvieron conversaciones con diversos actores legislativos a quienes entregaron varios esquemas de reorganización.

Las propuestas buscaban ajustar la estructura institucional, optimizar recursos y garantizar que las facultades de protección de datos y acceso a la información se mantuvieran vigentes, incluso con cambios en la naturaleza jurídica de los organismos.

Pese a ello, afirmó que ninguna de estas alternativas fue tomada en cuenta. El argumento del costo, dijo, nunca encontró eco en la discusión legislativa, en un proceso que comparó con lo ocurrido en 2002, cuando múltiples entidades copiaron modelos sin comprender del todo su funcionamiento ni su impacto.

Alcalá advirtió que, con las decisiones actuales, el país corre el riesgo de perder instrumentos efectivos y eficaces para garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales. A largo plazo, señaló, esto podría debilitar la capacidad de la ciudadanía para exigir cuentas y vigilar el uso del poder público.