Si no cumplen con la ley, que se atengan a las consecuencias: De la Peña a concesionarios de Juárez

Chihuahua.- El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, hizo un llamado a los concesionarios del transporte público en Ciudad Juárez para que cumplan con todos los lineamientos establecidos en la Ley de Transporte del Estado, particularmente en lo relacionado con la antigüedad de las unidades, las cuales no deben superar los 10 años de uso.

Explicó que tras la actualización de la tarifa fue financieramente viable la adquisición de nuevas unidades, para muestra lo que ssucedió en la ciudad de Chihuahua al alcanzarse el 96% de renovación del parque vehicular donde se aplicó esta medida.

Cuestionó que algunos concesionarios que durante años han cobrado la tarifa completa ahora soliciten subsidios al Gobierno del Estado para renovar sus camiones, cuando esos ingresos pudieron haberse utilizado para apalancarse financieramente y cumplir con su obligación de modernizar el servicio.

Recalcó que la prioridad de la administración estatal son los usuarios del transporte público y no subsidiar a particulares que operan un negocio y advirtió que quienes no deseen cumplir con la normativa deberán atenerse a las consecuencias que marca la ley.

El funcionario estatal subrayó que no se trata de disposiciones nuevas ni de requisitos improvisados, sino de reglas que han estado vigentes y que forman parte del marco legal que rige la prestación del servicio, cuyo objetivo es garantizar condiciones de seguridad, calidad y dignidad para los usuarios.

De la Peña explicó que la exigencia de renovar las unidades no responde a un capricho de la autoridad, sino a la necesidad de modernizar el sistema de transporte y ofrecer un servicio acorde a las necesidades actuales de la población fronteriza, donde diariamente miles de personas dependen del transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.

En este sentido, advirtió que los concesionarios que no estén dispuestos a cumplir con estas obligaciones deberán asumir las consecuencias previstas en la normatividad, ya que el Gobierno del Estado no dará marcha atrás en la aplicación de la ley ni permitirá que continúe la operación de unidades que no cumplen con los estándares establecidos.