Solicitan defraudados de Aras intervención de la Federación a través de la FGR y UIF
Chihuahua.- Un grupo personas defraudadas por Aras acudieron a las oficinas delegacionales de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en la avenida Pacheco, a fin de sostener una mesa de dialogo con el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa.
Lo anterior para pedirle su intervención y enlace con el Gobierno de México, para que atiendan la problemática con la empresa a través de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y que instalen en la ciudad una mesa de trabajo técnico.
De acuerdo con el abogado Mariano Cordero Burciaga, representante legal de los afectados, son al menos 255 inversionistas los que han sido defraudados y los que se han acercado para presentarle su problemática, sin embargo solo existen 2 denuncias del hecho, pero al ser un delito del fuero común, se necesita una denuncia para que la Fiscalía General del Estado la continúe de oficio con los afectados por el delito de fraude.
Compartió que este miércoles se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el delito de fraude y lavado de dinero.
Durante la reunión, presentarán un escrito al funcionario federal, a quien harán de conocimiento de la estrategia, elementos, instrumentos de delito que contribuyen a la mala operación de Aras Business Group.
El escrito lleva la intención de obligar al Gobierno Federal a tomar cartas en el asunto al haber 3 tipos de responsabilidades, primeramente porque no se regresará el dinero a los inversionistas, en segundo plano por incumplimiento y finalmente por el deber del Estado, como institución gubernamental, de vigilar que los ahorros de la gente no pasen por este tipo de situaciones.
El representante legal, pidió que con estas denuncias y la intervención del Gobierno Federal, se aseguren todos los bienes y bienes inmuebles de Aras y de todas sus empresas ligadas y de los presta nombres, además, que se congelen las cuentas bancarias, no solo por lavado de dinero, sino por fraude, para que en dado caso la empresa llega a demostrar que no es lavado de dinero, no se lo lleven y las cuentas pueden servir para la reparación del daño.
Incluso pidió que se arraiguen a las personas involucradas, porque se pueden ir del país, y para traerlos de regreso es más difícil.
Para finalizar, dijo que la UIF deberá realizar un rastreo de todos los bienes que ya fueron sacados del país y que ya se encuentran en los paraísos fiscales, mismos que podrían servir para resarcir el daño causado en los afectados.