Tras la revisión es a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, quedó evidenciado qué hay muy fuertes deficiencias en los entes públicos, debido a que las normas que rigen la fiscalización son confusas y no ofrecen los elementos necesarios de certeza jurídica para los entes fiscalizables y para quienes realizan la tarea de auditarlos.

Así declaró la diputada Rocío González al pronunciarse por hacer un sistema de fiscalización realmente competitivo.

La diputada expuso que, “las leyes que rigen el actuar de la Comisión de Fiscalización están rebasadas, por ello se debe aprovechar la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción, que necesariamente plantean un escenario de reflexión y de toma de decisiones que nos impactan ahora y dejan una huella permanente para las decisiones del futuro”.

Rocío González sostiene que no es posible continuar con el anacrónico modelo de fiscalización que actualmente tenemos, es necesario que los técnicos se dediquen a lo técnico y los políticos a la política.

De nueva cuenta, detalló que las principales observaciones que conforman el monto de posible daño y perjuicio a la hacienda pública, se encuentran relacionadas con recursos no devengados o no ejercidos; falta de documentación comprobatoria del gasto, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa, retenciones no enteradas a terceros, recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, así como transferencia de recursos irregulares y pagos improcedentes o en exceso, entre otros.

Por ello, expuso que considera necesario y urgente evitar que las auditorías se conviertan en un mecanismo meramente coyuntural o de golpeteo político, algo que ha quedado demostrado que no es benéfico para nadie, y mucho menos para la ciudadanía.

Finalmente reiteró que es necesario todavía ir más allá, otorgarle la autonomía plena para decidir no solo su funcionamiento y organización interna, sino desde un inicio la planeación de sus auditorías, las investigaciones que ya está obligado a llevar cabo y presentar las denuncias correspondientes cuando exista la presunción en la comisión de delitos, entre otros aspectos.