Investiga Fiscalía denuncias por despojo y lesiones en conflicto de Residencial Leones

Chihuahua.- Tras la reciente manifestación de habitantes del fraccionamiento Residencial Leones, ubicado en el municipio de Aldama, el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, fijó la postura de la representación social frente al conflicto interno que mantienen dos grupos de vecinos por el control de la mesa directiva del conjunto habitacional.

Explicó que la problemática tiene una raíz técnica y legal que, en primera instancia, corresponde a los tribunales civiles o a las áreas de Desarrollo Urbano municipal, debido a que el fondo de la disputa es la legitimidad de las mesas directivas que se ostentan como titulares del espacio privado.

No obstante, Araiza Reyes confirmó que la Fiscalía General del Estado ya tiene bajo análisis diversas denuncias presentadas por ambos bandos, las cuales involucran presuntos delitos de despojo y allanamiento, así como lesiones y amenazas.

Indicó que cada una de las querellas se está integrando con cuidado y que, una vez que se cuente con datos de prueba suficientes en el ámbito penal, se procederá conforme a la ley. Subrayó además que la autoridad no se pronunciará sobre la legalidad de las directivas hasta que concluyan las investigaciones técnicas correspondientes.

Respecto al cierre de calles y las protestas realizadas por los condóminos, el fiscal dijo ser respetuoso del derecho constitucional a la libre manifestación, aunque consideró que este tipo de acciones suelen derivarse de una asesoría jurídica deficiente o de un intento de presión mediática.

Señaló que la ley prevé mecanismos como el control judicial para las víctimas que consideren que existe omisión o lentitud por parte del Ministerio Público, y que cuando se opta por tomar las calles es porque no se ha asesorado correctamente sobre las vías institucionales o se pretende presionar más por la vía de la protesta que por la jurídica.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua actuará conforme a los tiempos legales, ya sea para judicializar los casos o para determinar el no ejercicio de la acción penal, en caso de que se concluya que los actos denunciados no constituyen delitos.