La Suprema Corte prefiere cerrar los ojos: Marco Bonilla
Chihuahua.- El alcalde Marco Bonilla cuestionó públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la resolución relacionada con las medidas contempladas en Chihuahua para combatir la posible injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Bonilla calificó como preocupante el criterio adoptado por los ministros y reprochó que, ante el contexto de inseguridad y las investigaciones que involucran a distintos actores políticos, el máximo tribunal no haya asumido una postura más contundente.
“Qué tristeza de país nos estamos convirtiendo. Qué tristeza que hoy también los magistrados de la Suprema Corte actúen por consigna y que no den un golpe a la mesa y señalen con claridad que no se vale este narcopacto que tiene Morena en muchas ciudades del país”, expresó.
El presidente municipal hizo referencia a información difundida recientemente sobre Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 29 de septiembre sanciones contra Torres y lo señaló de tener vínculos con actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Bonilla sostuvo que estos hechos deben generar una discusión sobre la posible penetración de grupos delictivos en las estructuras políticas y cuestionó que las instituciones no actúen con mayor firmeza ante este tipo de señalamientos.
“Nada menos en Baja California, no sé si ustedes vieron las notas el día de ayer, pero ya se comprueba con toda claridad que Carlos Torres es operador del Cártel de Sinaloa”, afirmó el alcalde.
En su posicionamiento también mencionó a Sinaloa y al gobernador Rubén Rocha Moya, así como a otros alcaldes que, dijo, han sido detenidos en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con grupos criminales.
“Lo mismo que sucede en Sinaloa con el gobernador Rocha Moya, lo mismo que sucede, pues, con muchos de los alcaldes que incluso ellos mismos los han estado encarcelando”, señaló.
El alcalde hizo alusión además a la denominada Operación Zafiro y mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al hablar de las acciones de las autoridades federales contra estructuras vinculadas con el crimen organizado.
Bonilla consideró que el escenario evidencia, desde su perspectiva, la necesidad de que las instituciones electorales y judiciales establezcan mecanismos firmes para impedir que recursos, amenazas o estructuras delictivas tengan influencia en los procesos políticos.
“Es lamentable que con todas estas evidencias, la Suprema Corte prefiera cerrar los ojos y no voltear a ver lo que hoy sucede en nuestro país”, manifestó.
Finalmente, el alcalde reiteró su inconformidad con la resolución y cerró su posicionamiento con una crítica al rumbo que, desde su perspectiva, está tomando el país:
“De veras, qué tristeza de país”.
La resolución de la SCJN sobre Chihuahua invalidó disposiciones que establecían consecuencias electorales por actos delictivos cometidos por terceros cuando no se acreditara responsabilidad personal del candidato o aspirante. La Corte mantuvo, en cambio, la posibilidad de sancionar cuando la conducta ilícita sea atribuible directamente a la persona involucrada.