Chihuahua.- Este sábado 16 de octubre, en Ensenada, en el noroeste del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, signó el “Acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”. La Secretaría de Economía informó que su titular, Tatiana Clouthier, y el Presidente presentaron el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como chocolate, en el que también colaboraron las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y la de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el acuerdo incluye a personas físicas que residen en la región fronteriza norte; es decir, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y en Baja California Sur. La dependencia indicó que este instrumento busca combatir la inseguridad ante la falta de registro y control vehicular. Resaltó que del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, 370 vehículos usados para cometer homicidios calificados, 78 por ciento de los cuales son de origen extranjero e irregular.

La regularización se llevará a cabo a través de un pago fijo, y el beneficio sólo aplicará para los autos que ya se encuentran en territorio nacional en los siete estados fronterizos, que ya antes hemos mencionado líneas atrás. El presidente López Obrador confirmó que el pago para este trámite tendrá un costo cercano a los dos mil 500 pesos, por lo que con la regularización de los más de 500 mil vehículos que circulan en la entidad, se espera que se obtengan mil 300 millones de pesos que serán canalizados en mejorar las vialidades y tapar baches.

Finalmente estamos frente a una decisión que se anunció a finales del mes de junio de este año, en agosto pasado el presidente, también estando en Baja California, fue más preciso al anunciar que en septiembre se realizaría el decreto para legalizar los automóviles chocolates, pasó el mes de septiembre y nada se concretó, sin embargo ya en este segundo fin de semana del mes de octubre  se firma el decreto presidencial, que prevé la regularización, en principio solo los autos chocolates de la región fronteriza norte y posteriormente revisara la situación de todo el país.

Fijando el contexto así, vale la pena revisar tres cosas, la primera es que entre 1979 y el 2011, en esos 31 años el gobierno de México impulsó 19 procesos de legalización de automóviles chocolates, a partir del 2011 se creó un decreto para determinar los términos para importar automóviles provenientes de Estados Unidos, entre ellos: la antigüedad del vehículo, las condiciones de legalidad del mismo y el respeto de normas ambientales en México, ese decreto elevó considerablemente el precio de los automóviles a importar, que sin embargo no dejaron de seguir llegando al país.

Segundo, cuando el presidente de la república en julio pasado anuncia este decreto, el gobierno federal debió establecer un acuerdo con los estados fronterizos del norte para cerrar las fronteras y evitar la internación de más automóviles, ¿cuántos no cruzaron al amparo de la promesa presidencial, de julio a octubre?

Y tercero, ahora que se realiza, por vigésima ocasión, un acuerdo para regularizar automóviles chocolate, en la opinión de empresarios, políticos, ambientalistas y hasta de las mismas organizaciones de este tipo de automotores, es otorgar un premio a la ilegalidad, es reconocer  y autorizar el contrabando automotriz como una actividad legal, en un país en el que la industria automotriz ha invertido recursos en el ensamble de vehículos, contratación de personal, transferencia de tecnología para la generación de divisas vía exportación y para convertir a México en uno de los países exportadores más importantes a escala mundial; y aun cuando los datos que dan cuenta de las ventas de automóviles en el mercado interno han registrado caídas en los últimos tres años, lejos de proteger a quienes actúan en la legalidad, anuncia un decreto para proteger a quienes actúan en la ilegalidad.

Los vendedores, de autos legalmente establecidos en le país, estiman que en los últimos 2 años habrá una caída adicional de 30 por ciento, en la venta de automóviles en el mercado nacional, y que esto representará una pérdida de 30 mil millones de pesos de impuestos por la venta de autos legales, asociados al IVA al ISR, que el gobierno federal dejará de percibir sólo por obtener, por otra vía, una cantidad que parece mucho menor y autorizando la ilegalidad que abona a la ausencia del estado de derecho.

Este decretó no solamente le pega a quien se dedica a  la venta de automóviles legales, también le pega a quien tiene un vehículo y pretende venderlo, y es que en la medida que se permite este tipo de vehículos “baratos”, que ambientalmente no lo son, se depreciará los vehículos legales, explican los expertos, hasta en un 20% de su valor actual.

La defensa

En defensa del decretó, el economista, catedrático de la Universidad Autónoma de Juárez y diputado local por la bancada de MORENA, Benjamín Carrera Chávez, aseguró que los autos “chuecos” o chocolates, no afectarán las ventas de las agencias de autos nuevos o de los vendedores de seminuevos, ya que “la mayoría de los autos chuecos, son de familias con ingresos no suficientes para adquirir un automóvil de agencia, por lo que no es competencia para ellos, se debe de entender que por encima de los intereses de la industria y la iniciativa privada está el patrimonio de las familias y para muchos un vehículo es su patrimonio y tienen derecho a legalizar su patrimonio, y más en ciudad Juárez donde el servicio publicó de transporte es sumamente ineficiente”.

La oposición

Sin embargo, la oposición pide que el decreto sea especifico, así lo explica Mario Vázquez, líder de la bancada panista en el Congreso de Chihuahua, quien detalla que el punto fino es cómo va a asegurar la federación que quienes se vean beneficiados, con la legalización de estos vehículos, sean familias que verdaderamente lo necesiten, “que sean objeto del apoyo y como se garantizará que sólo se regularizarán los ya existentes en México y que no seguirán ingresando automóviles al amparo de este decreto, porque si no tendrás un problema de incentivos perversos para seguir importando vehículos, que van a afectar la hacienda pública y no van a beneficiar los aspectos de seguridad”.

¿Y la iniciativa privada?

Por su parte la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ha desplegado una lista de peticiones al presidente López Obrador tras el anunció del decreto que han dado a conocer a través de los medios de comunicación, en la lista se pide primero que nada desarrollar un plan integral de movilidad para la Frontera Norte, con todo y sus  disposiciones jurídicas, administrativas y financieras, para la creación de un sistema de transporte urbano eficiente; piden también tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos; el estricto cumplimiento del ANEXO No8, para eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales; refundar el Registro Público Vehicular (REPUVE) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades plenas para ordenar el registro vehicular; y cierran su carta aseverando que “regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos”.

Los chuecos circulan hasta en el gobierno

Los autos chocolate o chuecos, como más comúnmente se les llama en Chihuahua, “andan” por todas partes y no son exclusivos del crimen organizado como muchos quieren hacer creer y es que existen vehículos chuecos decomisados por el Estado que fueron distribuidos en algunos municipios para uso de dependencias de gobierno, sin haber cumplido el proceso legal correspondiente, acusó el líder de Onapaffa, Raúl Villalba. Quien detalló que durante la administración estatal (de Javier Corral) se han decomisado más de 4 mil unidades de origen extranjero, principalmente en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, donde la autoridad las tiene concentradas debido a que forman parte de un proceso legal.

“Estos autos decomisados pasan a ser parte del Estado aunque ni siquiera los han movido porque están en un proceso de saber quién es el dueño. Los tienen concentrados en Juárez y Chihuahua, echándose a perder. Hubo incluso algunos vehículos que se repartieron entre los diferentes municipios en oficinas de Gobierno y sin cumplir el proceso”, aseguró.

Por otra parte Anapromex, dedicada a la expedición de amparos para la circulación de automóviles de procedencia extranjera, indicó que esta regularización sería una “prostitución”. “Queremos la nacionalización, él (Andrés Manuel López) lo sabe, pero está mal ese proyecto va a fracasar, por lo pronto pueden solicitar su amparo a través de Anapromex… queremos un pedimento, una ley, importación definitiva” destacó el líder de Anapromex Fidel Villanueva, quien además explicó que el grueso de los automóviles ilegales circulan por dentro de la república y no en la frontera.

El medio ambiente  

Por su parte Marco Bonilla, alcalde de la Ciudad de Chihuahua, una de las ciudades con mayor número de autos per cápita del país (Chihuahua cuenta con una población de 960 mil habitantes y el 51 por ciento, es decir 489 mil 600, usan el coche como principal medio de transporte, lo que la convierte en la ciudad mexicana donde más vehículos hay por usuario (1.2) ) indicó que no objetan que se regularicen y entren en la ley estos automóviles, ya que abonará a que exista un registro y con ello se acabe el halo de impunidad que rodea el tema, sin embargo si se dijo preocupado por que no se ha hablado de que regularizaciones habrá en la frontera para que no entrena más carros y con ello aumente el número de ellos en las calles de Chihuahua, con todo y los inconvenientes ambientales que esto conlleva.

A nivel nacional, los vehículos de combustión a gasolina y diésel son los mayores generadores de Gases de Efecto Invernadero, con alrededor del 23% de las emisiones totales, según datos de “El Poder del Consumidor”.  Y es que se destaca que en un periodo de 12 años (de 2001 a 2013) las afectaciones por los fenómenos climatológicos ascendieron a 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338 mil 350 millones de pesos. Así que de incrementarse el parque vehicular que actualmente transita en nuestro país, las desventajas podrían ser no sólo económicas, sino también ambientales, según explica Víctor Alvarado, coordinador de Movilidad y Cambio Climático de dicha organización.

Comenta que las pérdidas económicas se dan porque los automóviles arrebatan más espacios y con ello tenemos más contaminación y más enfermedades. “Al regularizar este tipo de vehículos también estás permitiendo la apertura del mercado, seguiría creciendo y podría llegar a ciudades en donde hoy por hoy no están operando”, advierte.

El especialista de “El poder del consumidor” destaca que esta propuesta termina siendo muy laxa, pues “dice que durante 8 meses se va a crear la regulación adecuada, pero no te dice a qué van a estar condicionados estos vehículos”. Esto implica que se permitirá la entrada a vehículos ineficientes, inseguros y con poco rendimiento.

En lo local, Salvemos los Cerros, asociación ambientalista, detalla que “el régimen económico neoliberal sigue vigente en el país y una sus principales características es la improvisación y solo se toman acciones al azar para ganar apoyo de sectores, y en este caso los usuarios de “chuecos”, pero esto no responde a un plan nacional de desarrollo y menos de perceptiva medio ambiental… en general las improvisaciones siguen gobernando nuestras vidas y tenemos al tren Maya y a la Refinería de “Dos Bocas” como ejemplo de ellos,  y sólo nos espera una crisis mayor y más profunda en planos climático y ambientales” .

Mientras tanto…

Por lo pronto la gobernadora de Chihuahua ha dicho al respecto que se estima que a Chihuahua llegará un recurso de 200 millones de pesos, que se aplicarían a mejoras en calles de los 67 municipios del estado. Especificando que las implicaciones fiscales y otras relacionadas se estarán revisando.