El feminicidio de Fátima en la Ciudad de México da cuenta de la violencia que desde hace años afecta a niñas y adolescentes de todo el país, pues en los últimos años se registraron cientos de víctimas menores de edad de delitos como violaciones, abusos sexuales, desapariciones y homicidios, incluso en el último año los feminicidios contra dicho sector de la población aumentaron, ahora se estima que en promedio se cometen 8 cada mes.

Las coalición de 75 organizaciones civiles que conforman la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) considera que con la omisión, las autoridades estatales y federales son responsables de la actual  crisis de violencia contra niñas y adolescentes.

“Aunque los datos públicos son alarmantes no han significado cambios en las políticas públicas, desde hace años hemos exigido el trabajo coordinado entre gobiernos estatales y el federal para lograrlo, pero eso no ha pasado. Los gobiernos, sin importar el partido político, siempre repiten las mismas prácticas de ignorar, por eso encestamos poner en práctica una visión de Estado y no ocurrencias o visiones particulares”, denunció en entrevista con SinEmbargo Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.

En ese contexto, la violencia feminicida ha crecido. De 2015 a 2019 dejó a 356 víctimas menores de edad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). El 2019 cerró como el más violento para dicho sector de la población en los últimos cinco años, pues el SESNP registró 98 feminicidios, en promedio ocho casos al mes, lo que lo convirtió en “el peor año en la historia reciente para la vida de las niñas y adolescentes”, de acuerdo con la Redim. Ese año la organización detectó un crecimiento de 11.4 por ciento  respecto al 2018, cuando se registraron 88 de esos delitos, es decir, 7.3 feminicidios cada mes.

El Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas fueron las entidades más violentas para niñas y adolescentes de 2015 a 2019, pues concentraron la mayor cantidad de feminicidios con 63, 37, 27, y 23 casos respectivamente, informó la Redim y abundó que a nivel nacional 16 por ciento de los crímenes se cometieron con arma blanca; 14 por ciento con arma de fuego; 65 por ciento se cometen “con otro elemento, o con otros medios”, mientras que en el 5 por ciento no se especifica el medio.

El último caso que indignó a decenas de mujeres fue el de Fátima, víctima de secuestro y feminicidio. La niña de 7 años fue reportada como desaparecida el pasado 11 de febrero. Su madre pasaría por ella esa tarde en la primaria Enrique C. Rebsamen de la Alcaldía Xochimilco, pero no la encontró. Seis días después, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx) informó que su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de plástico con signos de violencia sexual.

La crisis de desaparición se ha extendido por décadas, como muestra el registro histórico de la Secretaría de Gobernación que contabiliza a 2 mil 935 niñas de 0 a 14 años de edad que permanecen desaparecidos desde la década de los 60 y hasta 2019, al igual que 4 mil 433 adolescentes.

Pérez García criticó que la respuesta de los gobiernos estatales ante esta “epidemia” ha sido la contención mediática al ofrecer conferencias de prensa sobre los casos más sonados cuando deberían trabajar en cumplir con la responsabilidad que tienen de asistir a las reuniones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para discutir estrategias coordinadas que permitan frenar las desapariciones y otros delitos. Ni el Gobierno federal ha mostrado interés por asistir a los encuentros, en su primer año de gestión el Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su asistencia a los dos encuentros programados a los que está obligado a ir. 

A las cifras de feminicidios y desapariciones se suman las de homicidios, delito que sólo en 2018 dejó a 618 niñas y adolescentes víctimas, de ellas 277 tenían entre 0 y 9 años de edad, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que aunque no registra cifras de estados como Tlaxcala, Veracruz y Baja California Sur evidencia la violencia que se vive en gran parte del país.

Las entidades que contabilizaron la mayor cantidad de homicidios fueron Michoacán (75), Guanajuato (59), Jalisco (47), Chihuahua (42) y Guerrero (34).