No tenemos asuntos detenidos en TSJ: Myriam Hernández exhorta a nuevos juzgadores a capacitarse
Chihuahua.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández Acosta, aseguró que el cambio de administración no implicará la paralización de los asuntos judiciales, pues se cuenta con mecanismos que garantizan la continuidad operativa en todas las áreas del Poder Judicial.
Explicó que, aunque no se tiene un número exacto de casos pendientes, estadísticamente no hay procesos detenidos. Señaló que en situaciones de retiro o jubilación, los secretarios de despacho continúan con la resolución de audiencias y trámites, por lo que los asuntos seguirán su curso habitual.
Destacó que desde el Consejo de la Judicatura se trabaja intensamente para dejar en orden todos los procesos internos, permitiendo que la próxima administración pueda operar sin contratiempos, especialmente en temas sensibles como la seguridad.
En cuanto a la preparación de quienes resultaron electos para integrarse al Poder Judicial, la magistrada subrayó que aún no pueden acceder a cursos oficiales, ya que no han sido reconocidos legalmente como empleados. Algunos de ellos solo cuentan con sus constancias de mayoría y están en proceso de impugnación, por lo que no se pueden realizar erogaciones administrativas para su capacitación.
En este contexto, informó que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ofrecerá un curso formativo para los nuevos juzgadores. Aclaró que esta medida no implica que el Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ) no esté calificado, sino que responde a las limitaciones administrativas actuales.
La magistrada hizo un llamado firme a quienes serán parte del nuevo cuerpo judicial para que participen en estas capacitaciones de manera voluntaria, aunque con un carácter moral obligatorio, dada la complejidad del sistema judicial.
Finalmente, reiteró el compromiso del Tribunal para mantener la operatividad institucional y acompañar la transición de forma ordenada, con el objetivo de garantizar un servicio de justicia continuo y eficiente para la ciudadanía.