A 10 años de que una joven estudiante del Cobach número 2  fuera abusada sexualmente y asesinada por dos sujetos, un juez decidió que “por buena conducta” era buena idea dejar libre a uno de ellos aún y cuando no se había cumplido la mitad de su sentencia.

En marzo del 2009, Paulina Luján fue encontrada con su uniforme de la escuela puesto ¿lo que le faltaba? vida y zapatos.

Tendida en el suelo puesta boca abajo, con su cuerpo marcado por llantas de vehículo así como un número clave en uno de sus brazos, había sido escrito por ella, supo perfectamente que estaba en peligro, pero pensó y trató de actuar.

Había sido secuestrada por dos hombres: José Raymundo Quezada Sandoval y Carlos Alonso Altamirano García. Ella pudo anotar las placas del carro en su brazo, ya sabía que sería una víctima pero no se imaginó que ahí terminaría su vida.

Después de encontrar su cuerpo e investigar el número clave, detuvieron  a los dos responsables, que además de violadores son asesinos y por ello se les condenó a 60 años de prisión en el Cereso Estatal Número 1.

Pero ese no sería el momento para clamar justicia. El jueves 23 de enero del 2020, el juez Rodolfo Romano, decidió dejar libre a uno de los agresores: José Raymundo Quezada, ¿las causas? Buena conducta y una fianza de 60 mil pesos, que además fue compartida por ambos responsables y su parte ya fue saldada con 35 mil pesos.

¿A quién se hizo justicia? A nadie.

¿Diez años fueron suficientes para resarcir una violación sexual compartida y un asesinato?

Según las investigaciones, el acto sexual fue confirmado, mas no fueron ubicadas huellas que comprobaran que ocurrió por la fuerza. Entonces son solo 10 años cumplidos por un asesinato y esos cuantos miles de pesos ahora son el pago del daño causado.

En tiempos donde la inseguridad ha rebasado las estrategias estatales y federales es necesario reflexionar, no solo es Paulina y su familia que ahora revive el dolor y la impotencia. Ahora somos todos, no solo a las mujeres se abusa sexualmente, también a hombres, a niños y ancianos.

Por motivos que, hasta el momento no tienen fundamento, violadores a los que se vinculó y claramente fueron declarados culpables, en el que confesaron matar, hoy pagan y se van.

El mal raciocinio y la falta de profesionalismo con el que cuentan las autoridades hoy solo nos deja una desconfianza y resignación, pues es ley.

Una desgracia se vuelve una indignación más, otro caso en el que nada hay que hacer, no importa movimiento, petición, opiniones. El mal raciocinio y la falta de profesionalismo es ley en Chihuahua, en México y todo el mundo.

Hoy por 35 mil pesos un violador y asesino en Chihuahua salió de prisión, y lo dejaron en libertad las mismas autoridades.

Esas son las decisiones que toman los que tienen en sus manos el poder de hacer justicia, los que deberían tener nuestra confianza.

¿Hasta dónde tenemos que llegar?