Por: José Carlos Hernández Aguilar

En días pasados tuvimos la gran oportunidad de disertar, dentro de un coloquio criminológico, sobre el “Derecho a la Vida: Derecho humano Supremo”, en el cual abordé el controversial tema de la EUTANASIA, la que por cierto propusimos definirla como: “El procedimiento médico de carácter legal y expresamente formal, que realiza una persona autorizada para ello, con el fin de terminar definitiva y dignamente con la vida a otra persona, por algún padecimiento incurable, terminal y extremadamente doloroso, pero con la previa solicitud legal, consciente y deliberada del mismo paciente o de quien tenga el derecho de consentir en dicho acto”.

Dicho sea de paso, debemos puntualizar que dentro del estudio doctrinario y profundo de tan delicada determinación de vida y de muerte, existen clasificaciones de aquella, como la eutanasia activa, pasiva, directa, indirecta, así como otras diferencias específicas con la ortotanasia y distanasia (y que por razón del espacio, dejaremos para otra posterior entrega).

Ahora bien, en cuanto a su contexto legislativo, es oportuno mencionar que a partir del 4 de enero de 2016, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, avaló un artículo que establece el derecho a éste procedimiento. El cardinal mencionado es un precepto vinculatorio con la llamada autodeterminación personal y que “…como derecho humano fundamental, deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. Así reza el texto incluido en el artículo 11º de la Constitución Política de la Ciudad de México. De sobra es conocido, que esa propuesta ya ha sido exportada por el gobierno central, al resto de las entidades federativas para su respectivo análisis y llegado el caso, su aprobación legislativa, la cual ya ha sido rechazada por algunas.

Por otra parte y en el mismo año 2016, la asociación civil “Por el Derecho a Morir con Dignidad”, realizó una encuesta nacional, donde concluyó que el 68.3% de los mexicanos considera que un paciente que se encuentra en fase terminal y dolorosa de su enfermedad, debería tener la opción de adelantar su muerte si así lo desea. Sin embargo, nosotros -y en lo que transcurre el presente año-, hemos entrevistado a un universo de 3´500 habitantes del estado de Chihuahua, y el resultado ha sido realmente sorprendente: el 79% de los encuestados, está completamente a favor de la eutanasia como un procedimiento formalizado y legal de muerte digna. Ante tan asombrosos resultados preliminares y obviamente acotados a una pequeña muestra, sería muy justo que las autoridades encargadas de las estadísticas oficiales como el INEGI, actualizaran y formalizaran un sondeo en todo el país.

Sólo como una forma reflexiva, quisiera dejarles el siguiente y serio planteamiento.

Llegado el probable caso en su vida o con alguno de sus seres más queridos, ¿Usted estaría realmente a favor de dicha determinación?

Finalmente, ante el numeroso grupo que nos honró con su presencia en la citada ponencia, sensiblemente pudimos afirmar y concluir que ¡VIVIR CON DIGNIDAD ES UN DERECHO HUMANO; MORIR EN DIGNIDAD ES UN DERECHO ETERNO!

¡Usted decide!