Por: José Carlos Hernández Aguilar

En el mes de mayo pasado, el presidente López Obrador promulgó la Ley de la Guardia Nacional, la cual y según dicho ordenamiento, esta es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El fin de la misma es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios, salvaguardando la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios (Arts. 4-6).

Sin embargo a casi cuatro meses de su puesta en operaciones, éste nuevo organismo encargado de la seguridad pública, ha sido vergonzosamente apabullado y violentado sin piedad alguna por las fuerzas del crimen organizado y lo peor, hasta de la delincuencia ordinaria.

Tan sólo en el mes de septiembre la Guardia sufrió 7 agresiones, todas ellas con arma de fuego, dejando un elemento asesinado, dos civiles muertos y siete heridos, de un total de 17 cobardes ataques que se tienen ‘oficialmente documentados’ desde su inicio con varias bajas y elementos gravemente lesionados. Los estados donde más ha sufrido nuestra ‘gloriosa’ corporación nacional, han sido en Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala y Puebla. Los delitos por los que más ha sido más vapuleada, son por robo de combustible, robo a trenes, robo de transportes de carga, narcotráfico y migración ilegal.

Aunado a ello, se agregan las constantes manifestaciones de elementos de la desaparecida Policía Federal en contra de la nueva Guardia Mexicana, así como la negativa del bloque legislativo opositor al gobierno de la república, para su creación.

El director general del ‘Observatorio Nacional Ciudadano’, Francisco Rivas, comentó que si bien hay más de 50,000 elementos de la Guardia Nacional en tareas de seguridad, este nuevo cuerpo sigue sin existir, porque en los hechos operan de la misma forma que lo hicieron los últimos años. “No hay evidencia de que tengamos una institución nueva, con una filosofía nueva, con formación diferente a la que hemos tenido la última década, y ello es porque ni siquiera se han desarrollado los protocolos de actuación, de homologación que permitan sobre qué se va a capacitar a los elementos de seguridad, que son instrumentos que sirven para guiar la actuación de una institución”.

Todo este negro ventarrón que envuelve a esta corporación poli-militar -la que por cierto, su máxima o consigna es “Justicia y Paz”-, nos hace reflexionar que éste organismo defensor de la seguridad ciudadana, indudablemente empezó con el pie izquierdo con tantos avatares en contra, además de que el mismo no ha sido, hasta el momento, ni cabalmente preventivo ni un freno frontal a la delincuencia que ha avanzado súbitamente el último año, doblegando al mismo estado mexicano. Por justicia no podemos omitir mencionar, que el tiempo en sus funciones aún es muy corto, como para hablar de su éxito o fracaso total, sin embargo su instauración y actuación ha dejado mucho que desear, desde su polémica propuesta por parte del ejecutivo de la nación; su rauda capacitación y despliegue operativo y obviamente, en los resultados esperados en el combate urgente y directo al crimen.

Referir que en esos meses de vida, dicha institución ha sido deshonrosamente agredida, incluso con elementos caídos, no es una noticia muy halagadora para el estado mexicano. Por lo que consecuentemente, las leyes y las estrategias tienen que ajustarse y adecuarse, sobre todo en el modelo del uso de la fuerza policial; en las causas excluyentes de delito como el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad y la legítima defensa.

La percepción de desempeño de la Guardia Nacional entre la población adulta, ha disminuido en el último trimestre del año, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en septiembre 67.7% consideró a la corporación “algo efectiva” para prevenir y combatir la delincuencia. En junio, el nivel de desempeño de la nueva fuerza de seguridad fue de 70.9%. Es decir, que la percepción positiva de esta nueva policía militarizada, bajó 3.2 puntos entre un sondeo y otro. ¡Que la ciudadanía no convalide la autoridad moral, ejecutiva y de proximidad de esa corporación que la protege, es muy grave!

Lo que sí podemos asegurar, es que justo en el momento, en el que el gobierno entienda sin miedo, que LA POLICÍA, como la más sagrada de las instituciones de respeto y orden social, NO ES EDECÁN DE NADIE -y mucho menos del crimen organizado-, devolviéndole así las facultades que por derecho le corresponde, ese día iniciará en nuestra nación, un nuevo ordenamiento de responsabilidad integral, honestidad y control social en las tareas de prevención, investigación y combate real contra ese maldito cáncer delincuencial, en el que por desgracia, todos hemos colaborado para convertirlo en una incurable metástasis social.

Esperando y, desde luego, deseándole todo el éxito para la Guardia Nacional en pro de la tan anhelada paz y orden social, porque ¡Llegado el momento en que la honestidad es corrupción; en que la justicia es injusticia; en que la política es risa colectiva; en que la paz es brutal e imparable violencia; en que ‘dios’ es el degenere, el tener y el poder; en que la niñez no es jugar sino destruir y en el que el tiempo para el hogar, es justificación para no estar en él, ese día la sociedad se encontrará condenada a vivir su propio infierno y a lidiar con el gigantesco monstruo, que ella misma ha creado!