Por: José Carlos Hernández Aguilar

Para nadie es un secreto, que el latente fenómeno criminal no respeta fronteras, sexo, estratos sociales, ideologías ni edades. Imposible no mencionarlo pero en México los datos son desgarradores, ya que del año 2010 al 2018 el consumo de drogas creció desmesuradamente un 300%; en la última década han sido asesinados en nuestro país más de 16´760 menores de edad y más de 6´400 desaparecidos (también menores de edad). Simplemente en lo que va el año, en nuestro país han sido privados de la vida diariamente al menos tres de ellos.

Pero eso no es todo, en el último quinquenio han sido detenidos 27´550, niños, niñas y adolescentes, de las cuales 3´250 son mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en su informe 2015, que 30´000 niñas y niños mexicanos han cooperado activamente con grupos criminales y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), refirió que al 2018, 470´000 menores han pasado a engrosar las filas del crimen organizado en esta nación. Esto es un incremento del 153%. Pero además y sin fatalismos literarios, agreguémosle que en este año 2019, han cruzado en nuestro país más de 4´500 niñas y niños inmigrantes. ¡Por lo que el asunto es totalmente complejo!

Recientemente impartí en la ciudad de México, la conferencia: ‘Retenes y Operativos Policiales: ¿Anticonstitucionales o Violatorios de Derechos Humanos?’, donde al referirnos a la llamada “OPERACIÓN MOCHILA” y mediante un previo estudio de campo realizado en Chihuahua, a través de una encuesta con respuestas dicotómicas, se concluyó que el 90% de los padres y madres de familia, maestros y aún el 85% de los propios estudiantes, están totalmente a favor de estos operativos preventivos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 48/2019, al titular de la Secretaría de Educación Pública en contra del “OPERATIVO MOCHILA”, donde refiere que éste es “Anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos… en su educación, intimidad y participación de los menores de edad, porque constituye un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana”.

Desde nuestra óptica debidamente sustentada en estudios científicos, profesionales y pragmáticos sobre esta realidad criminógena, estamos completamente seguros que dicha resolución de un sobrepasado derecho-humanismo, carece de sustento real, social y actual y además, en nada contribuye en el restablecimiento del orden social.

Debo mencionar con absoluta convicción, que ¡La Operación Mochila de ninguna manera criminaliza a las y los menores de edad! ¡Por el contrario, con la medida de su naturaleza cognitiva y de manera paulatina, verdaderamente los culturiza haciéndolos dimensionar la gravedad del problema; contribuyendo así, directa y efectivamente en la erradicación total de la delincuencia, la violencia y las drogas que los ha permeado sin piedad!

¡Desde ningún prisma apreciamos ninguna vulneración a sus derechos humanos, porque dichas revisiones coadyuvan eficazmente en la instauración real de sus propios derechos de paz, orden y convivencia social, siempre que aquellas inspecciones preventivas, sean debidamente reglamentadas en protocolos y reglamentaciones preestablecidas, a fin de asegurar la legalidad de las mismas!

Amigas y amigos, pueden o no estar de acuerdo conmigo. ¡Pero qué lamentable que con la mal entendida y desaforada protección derecho-humanista a las y los menores de edad -con el pronto devenir de los días-, instruirles a nuestros hijos e hijas que recojan su recamara; que respeten a sus mayores, que dejen de usar el celular en la madrugada, que hagan sus obligaciones de casa y sus tareas escolares, será violatorio a su “derecho de decisión o determinación”!: ¡Menuda cosa!

¡RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: PAZ Y ORDEN SOCIAL!