Plantean posponer a 2028 elección judicial para contar con aspirantes adecuados
México.- Académicos, juzgadores e integrantes de organizaciones civiles expusieron la conveniencia de que la elección de juzgadores de 2027 se traslade a 2028, a fin de mejorar la participación ciudadana, contar con aspirantes adecuados e impedir que se afecte la capacidad de organización del Instituto Nacional Electoral (INE), pues sería concurrente con el proceso electoral de legisladores, gobernadores y alcaldes.
Lo anterior no significa que se renuncie a la reforma judicial, sino que buscan fortalecerla, considerarla y mejorarla, por lo que con estas propuestas y las que impulsan legisladores del Congreso de la Unión se plantea posponerla para dentro de 2 años.
La diputada de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, consideró importante dar la posibilidad a la ciudadanía de analizar con más tiempo los perfiles de las personas juzgadoras; por ello, celebró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, haya mostrado apertura para analizar la viabilidad de posponer la elección del Poder Judicial.
Indicó que los cambios propuestos por 19 legisladores no buscan sustituir la reforma judicial de 2024 ni su esencia, sino que funcione mejor, que garantice mayor certeza y eleve el estándar y la calidad de las personas juzgadoras, para darle mayor legitimidad a quienes juzgan, al sistema judicial y a un “modelo inédito que respondió a una demanda social”.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, negó que la concurrencia de los procesos electorales disminuya el gasto de este órgano administrativo, sino que, al contrario, lo duplica, de manera que el costo de los comicios de 2027, donde coincide la elección de juzgadores y de legisladores, gobernadores y presidentes municipales, podría ascender a 15 mil millones de pesos.
Detalló que el costo más grande en unos comicios es la contratación de personal, por lo que se tendría que duplicar la capacitación de los funcionarios en caso de que hubiese concurrencia en las elecciones 2027, a lo que también se suman elecciones locales, lo cual, precisó, posee sus diferencias con los comicios federales.
“La proyección que podríamos estar pensando justo, porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos, que les comento son necesarias en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, expuso.
López Vences agregó que entre los desafíos que enfrentan, tanto el INE como los órganos locales con la concurrencia de elecciones, también está el manejo de documentación, particularmente la impresión y almacenamiento de las boletas electorales, lo cual, aseguró, tiene un alto margen de seguridad y no cualquiera puede encargarse de ello.
Mariela Ponce Villa, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, propuso asegurar la independencia y la imparcialidad de los juzgadores a través de certificaciones y evaluaciones suficientes, adecuadas, transparentes y públicas de las personas que aparezcan en las boletas para las elecciones del Poder Judicial.
Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, refirió que el nivel de participación en la primera elección del Poder Judicial fue muy bajo, por lo que no se esperaría una participación más alta si se realizaran de manera concurrente; además de que la ciudadanía se enfrentaría a “un collage de boletas”, donde tienen que elegir una gran cantidad de cargos con los que no están familiarizados.
Jorge Sepúlveda, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, consideró que México atraviesa por un momento decisivo en la redefinición del sistema de justicia, por lo que es necesario separar los procesos electorales; “yo no me fijaría en el 2028, porque hay una gran preparación que hay que hacer en los candidatos, a lo mejor habría que pensar en el 2029”, opinó.
Jorge Peñúñuri Pantoja, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, detalló que el proceso electoral de las personas juzgadoras implicó una gran carga cognitiva para el electorado al ponerlo frente a múltiples boletas y cargos desconocidos, además de que hubo saturación operativa en casillas con tiempos extendidos de votación y filas prolongadas, algo que debe evitarse en la próxima elección.
El investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rafael Estrada Michel, propuso a las y los legisladores replantear la estructuración del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración de Justicia, con el objeto de que vigilen el cumplimiento de los principios constitucionales por parte de los jueces y eviten que sus decisiones sólo “busquen popularidad.”
El foro contó con la asistencia de más de 25 expertos, que participaron en las mesas de “Elección Judicial Concurrente en 2027 o Elección Independiente en 2028”, “Fortalecimiento de los Perfiles en la Próxima Elección” y “Organización de la Elección, Jornada Electoral y Periodo Postelectoral”.