Solicitará PT juicio político para 8 de los 11 ministros de la Corte

México.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), coordinado por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, presentará la solicitud de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en lo referente a la suspensión de la reforma judicial, han atacado a instituciones democráticas y violentado la supremacía constitucional.

Las y los ministros sujetos de esta solicitud son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte.

“Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Han hecho un ataque a las instituciones del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano representativo federal. Violaron la Constitución Política que juraron cumplir y hacer cumplir”, expuso el legislador.

Reiteró que las y los ministros han violentado la supremacía constitucional, ya que la Carta Magna establece que no hay ley ni tratado por encima de ella, y que los cambios que se le hagan sólo serán facultad del supremo Poder reformador, “es la manera como la propia Constitución establece los cambios que deben promulgarse”.

“Después de la declaratoria de constitucionalidad se turna al Ejecutivo para la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ese proceso de reforma constitucional se cumplió de manera escrupulosa. Sin embargo, desde la aprobación hubo medidas orquestadas: suspensiones ridículas de jueces, que iban desde impedir que se discutiera, incluso que no se publicara”, explicó.

También, dijo, una jueza llegó al extremo de ordenar que la reforma se eliminara del Diario Oficial de la Federación, “como si fuera un post de una red social. No, no es algo tan sencillo. Simplemente es el acto de publicidad, con la aprobación y promulgación ya es derecho positivo”.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil sostuvo que esta acción no solamente se emprende por voluntad de un grupo parlamentario, “sino porque hay diversas voces en el pueblo mexicano que ya están pidiendo este juicio político”.

Explicó que no existe una crisis constitucional, pues “no puede declararse inconstitucional la Constitución”. El proceso de la reforma judicial ya se cumplió, no solamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino también en las legislaturas de los estados.

“No puede ser declarada inconstitucional porque nada está por encima de la Constitución. El día de ayer, en la ridícula conferencia del Poder Judicial, los magistrados y la jueza de circuito aceptaron que ellos se basan en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que también controvierten”, comentó.

Dicho artículo establece que no procede ningún amparo en temas constitucionales y sobre asuntos irreparables; sin embargo, en su argumento el Poder Judicial dice: “es nuestro derecho poner un amparo, aceptarlo, y luego declarar inconstitucional el artículo 61”, lo que, en opinión de la legisladora, “es un completo absurdo”.