Chihuahua.-  Representantes de la organización Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, conocida como Chalecos Verdes, sostuvieron una mesa de trabajo con autoridades del Gobierno del Estado en Palacio de Gobierno, donde expresaron su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en las que permanecen distintas comunidades de la Sierra Tarahumara.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

Durante el encuentro, integrantes de la organización internacional advirtieron que los enfrentamientos armados continúan registrándose en comunidades serranas, lo que mantiene a las familias en una situación de temor constante, tanto a quienes han abandonado sus hogares como a aquellas que permanecen en sus localidades pese a la violencia.

Una de las representantes manifestó su preocupación por los hechos violentos que, según los testimonios recibidos, se habrían registrado, incluso durante los días recientes, enfrentamientos que ponen en riesgo a la población civil.

Señaló que las familias que han decidido permanecer en sus comunidades enfrentan condiciones especialmente difíciles debido a la presencia de grupos armados y al riesgo de resultar víctimas del fuego cruzado.

En ese sentido, cuestionó cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante los hechos recientes, al considerar que la atención no debe limitarse a las personas desplazadas durante los últimos cinco años, sino extenderse a quienes actualmente se encuentran en riesgo de abandonar sus viviendas.

Los representantes de la plataforma plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, establecer compromisos con fechas definidas e involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de soluciones.

Asimismo, solicitaron que las estrategias contemplen una atención integral con pertinencia cultural, tomando en cuenta las necesidades y los proyectos de vida de las familias desplazadas, particularmente de las comunidades indígenas.

Entre las propuestas presentadas destacó la posibilidad de impulsar una política pública y una ley estatal sobre desplazamiento forzado, con el objetivo de establecer mecanismos permanentes de atención y garantizar recursos presupuestales para enfrentar esta problemática.

También se planteó aprovechar las Mesas de Seguridad para fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal e impulsar acciones de pacificación en los territorios afectados por la presencia de grupos armados.

Por parte del Gobierno del Estado, se reconoció que uno de los principales desafíos ha sido construir mecanismos institucionales para atender el desplazamiento forzado, debido a que anteriormente no existían estructuras específicas para responder a esta problemática.

Las autoridades recordaron que, a partir de la visita de la relatora internacional Cecilia Jiménez-Damary en 2022, se comenzaron a desarrollar mecanismos especializados de atención, además de ejercicios de diagnóstico y caracterización de las familias desplazadas.

Explicaron que estos trabajos han permitido avanzar en el conocimiento de las necesidades de la población afectada, aunque reconocieron que todavía existen retos para formalizar los procedimientos de atención y consolidar un marco jurídico en la materia.

Cabe señalar que, previo a esta mesa de trabajo, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, había informado que representantes de la organización internacional realizarían un recorrido por municipios de la Sierra Tarahumara para conocer directamente las condiciones de las familias afectadas por el desplazamiento forzado.

De acuerdo con lo anunciado por el funcionario, la agenda contemplaba una visita el miércoles 4 de noviembre al municipio de Guadalupe y Calvo, particularmente a la comunidad de Baborígame, mientras que el jueves 5 se desarrollarían actividades en Hidalgo del Parral.

El recorrido concluiría este viernes 6 de noviembre con la mesa de trabajo celebrada en Palacio de Gobierno, donde representantes de las distintas dependencias estatales escucharían los planteamientos de la delegación internacional.

Rascón Carrillo había explicado que uno de los casos que motivaron la visita fue el desplazamiento de familias de la comunidad de San Juan Nepomuceno hacia Baborígame y la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, a consecuencia de la violencia y los enfrentamientos registrados en esa región.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado mantenía acciones de atención a través del Grupo de Desplazamiento Forzado, con la participación de distintas instituciones encargadas de brindar asistencia a las personas afectadas.

La visita se desarrolló en el marco del Quinto Viaje de Cooperación y Diálogo México–Unión Europea, cuyo propósito es conocer la situación de las comunidades, establecer vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos y promover acciones de coordinación institucional.

Finalmente, durante la reunión en Palacio de Gobierno se reiteró la necesidad de avanzar en medidas de prevención, protección y atención a las familias desplazadas, así como fortalecer la presencia institucional en las regiones donde continúan los hechos de violencia.