La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejerció al menos 7 mil 993 millones 433 mil 842 pesos durante los primeros nueve meses de 2019. La dependencia federal a cargo de Alfonso Durazo Montaño no sólo tiene una deuda pendiente con la incidencia delictiva, sino también con la rendición de cuentas. A más de un año de su creación, la Secretaría no ha publicado los contratos y documentos que den cuenta de sus acciones y del uso de recursos del erario público federal.

El gasto ejercido que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) declaró ante la plataforma del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) equivale al 14 por ciento del presupuesto estimado de la dependencia federal para 2019.

La mayor parte del dinero (44 por ciento) fue utilizada para el pago de salarios y prestaciones de funcionarios públicos, trabajadores temporales y por honorarios. En segundo y tercer lugar estuvieron los gastos de oficina (29 por ciento) y los deberes fijos (16 por ciento) por concepto de arrendamientos, derechos, impuestos, subsidios y seguros institucionales.

Los objetos de gasto anteriormente mencionados implicaron una erogación registrada por 7 mil 139 millones 495 mil 128 pesos, que equivalen al 89 por ciento del gasto ejercido por la SSPC durante los primeros nueve meses del año pasado.

El 11 por ciento restante fue distribuido entre los gastos para alimentos, transporte y viáticos de funcionarios públicos (351 millones 245 mil 951 pesos), “gastos de seguridad pública y nacional” (265 millones 768 mil 842 pesos), además de las erogaciones en herramientas, materiales, suministros y mantenimiento de bienes muebles, inmuebles e intangibles (236 millones 923 mil 921 pesos).

A pesar de la información presupuestaria registrada en el SIPOT, los documentos y contratos relativos al gasto de la Secretaría encabezada por Alfonso Durazo Montaño no están disponibles.

Ello se debe –según la dependencia federal– a que la SSPC continúa su proceso de separación de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto las funciones de seguridad pública recayeron en la Segob, con la desaparición en 2013 de la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

El 30 de noviembre de 2018, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la SSPC. La institución encargada de la Guardia Nacional “sigue en un proceso de transferencia” para separarse de la Segob, que no le permite concluir su conformación y rendir cuentas.

“Hasta en tanto no concluya en su totalidad la transferencia” entre la SSPC y la Segob, “así como la creación, formalización o instrumentación de nuevos documentos conforme a las atribuciones a cargo de esta nueva dependencia, la información y documentación se encuentra en proceso”, se lee en la plataforma del SIPOT.

Hasta el tercer trimestre de 2019, la Secretaría registró un presupuesto aprobado y modificado de 14 mil 156 millones 650 mil 496 pesos. Esto representa la cuarta parte de los 57 mil 778 millones 788 mil pesos del presupuesto anual calculado para la SSPC, de acuerdo con lo establecido en un “Dictamen” de noviembre de 2018 del Congreso de la Unión.

Entre los gastos ejercidos destacaron cuatro partidas presupuestarias.

La SSPC invirtió 283 mil 935 pesos en “viáticos en el extranjero” asociados a los programas de seguridad pública y nacional, así como para comisiones y funciones oficiales. Asimismo erogó 18 mil 998 pesos en “gastos para alimentación de servidores públicos de mando”.

También desembolsó 10 millones 548 mil 848 pesos en arrendamientos de vehículos –terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales– para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, para servicios administrativos y para el transporte de funcionarios públicos.

Además hubo un gasto en “premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil” por 17 millones 578 mil pesos.