Sin extintores, salidas de emergencia y con comida caduca: así operaba centro de rehabilitación
Chihuahua.- El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, aseguró que las clausuras realizadas en centros de rehabilitación de la ciudad se llevaron a cabo debido a las condiciones de riesgo detectadas en los establecimientos y no por motivos políticos o personales.
Explicó que, previamente, uno de los centros había promovido un amparo en contra de las clausuras y suspensiones de actividades; sin embargo, el Juzgado de Distrito determinó el sobreseimiento del recurso, al considerar que los argumentos presentados por los promoventes no estaban sustentados con pruebas.
Tras dicha resolución, autoridades municipales realizaron una inspección conjunta con la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEADIC), donde detectaron diversas irregularidades.
Entre las anomalías encontradas se encontraban una losa con riesgo de colapso, alimentos caducos y la falta de medidas básicas de seguridad, como extintores, detectores de humo, salidas de emergencia y lámparas de emergencia.
Oliva señaló que, ante estas condiciones, los inspectores facultados determinaron que era necesario realizar la clausura de manera urgente, al considerar que estaba en riesgo la integridad de las personas que permanecían en el lugar.
Aunado a ello, CEADIC detectó un problema de hacinamiento, pues el centro tenía alrededor de 80 personas, pese a contar con capacidad para atender únicamente a 30.
El funcionario detalló que el día de la intervención fue posible reubicar a 30 personas en otros centros de rehabilitación, mientras que el resto sería trasladado paulatinamente, conforme se generaran espacios disponibles y se permitiera al establecimiento atender las observaciones señaladas por Protección Civil.
Asimismo, rechazó las versiones de que los pacientes hubieran quedado encerrados tras la colocación de los sellos de clausura.
Explicó que la restricción consistió en impedir el ingreso de más personas al establecimiento y que permaneció habilitado otro acceso para médicos, familiares y pacientes.
Oliva agregó que posteriormente se promovió un nuevo amparo y que, nuevamente, el Juzgado de Distrito determinó que no era procedente otorgar la medida cautelar solicitada.
De acuerdo con el funcionario, la resolución establece que existe un interés legítimo de la sociedad en que los establecimientos que brindan servicios relacionados con la salud y rehabilitación de personas con problemas de adicción operen bajo las condiciones y controles establecidos por la ley, con el objetivo de evitar riesgos derivados de instalaciones inadecuadas, personal no autorizado, tratamientos sin supervisión o manejo irregular de medicamentos.
Finalmente, Oliva aclaró que, aunque los responsables de los centros han argumentado que existen disposiciones de competencia federal para regular este tipo de establecimientos, ello no los exime de cumplir con las normas estatales y municipales correspondientes.
“Son temas donde se deben prestar servicios en condiciones óptimas. En este caso se ponía en peligro la vida y la integridad de las personas”, sostuvo.