El Modelo Centinela podría estar rebasado¹ y hay proyecciones que indican que el pico de infectados en México tendrá lugar a finales de julio de 2020². Los distintos niveles de gobierno desconocen la magnitud real del problema y el país, obligado por la necesidad, comienza una reapertura de actividades sociales y económicas conocida como el “regreso a la nueva normalidad”.

En este contexto de riesgo sanitario, expertos, analistas y políticos han reconocido la urgencia de aplicar más pruebas de COVID-19, que tienen tres principales funciones. Primero, saber la cantidad de personas infectadas; segundo, tener información menos sesgada sobre la prevalencia del virus en un determinado territorio; y tercero, contar con datos de calidad que permitan decisiones gubernamentales efectivas para enfrentar la emergencia de salud pública.

De acuerdo con la Universidad de Oxford de Inglaterra, México aplicó 325 mil 416 pruebas de coronavirus entre el 1 de enero y el 7 de junio de este año; una cantidad equiparable a 2 mil 9 muestras diarias, o a 2.6 pruebas acumuladas por cada mil habitantes, en los últimos cinco meses.

La cantidad de pruebas aplicadas en el país no sólo es la más baja entre los 37 países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para la casa de estudios inglesa, también es una de las más bajas entre los países del Continente Americano.

México se queda corto, por ejemplo en comparación con Chile, que es el país de América que más pruebas per cápita realiza después de Estados Unidos. Mientras que en suelo mexicano, desde inicios de la pandemia fueron realizadas 2 mil 9 pruebas diarias, en el país andino hubo 10 mil 848 por día. Aquí, la relación de pruebas diarias por cada mil habitantes es de 0.002; y allá es de 1.1. Asimismo, a la par que México aplicó menos de tres pruebas acumuladas por cada mil habitantes a partir de enero, Chile aplicó 40.

Las cifras disponibles indican que la capacidad de aplicación diaria de pruebas de COVID-19 en México, además de ser inferior a la de países americanos como Estados Unidos y Chile, es inferior a la de Canadá, El Salvador, Panamá, Colombia, Cuba, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina, Bolivia y Costa Rica (en ese orden). Asimismo, es la más baja entre más de 60 países en cinco continentes analizados y comparados por la Universidad de Oxford.

Pese al bajo nivel de aplicación de pruebas, los datos refieren una tendencia al alza en México.

El número de pruebas diarias de coronavirus por cada mil habitantes aumentó de manera paulatina entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2020. A partir de ésta última fecha, que es cuando la proporción relativa alcanzó su mayor nivel, la cifra comenzó a caer hasta tocar niveles no observados desde el pasado 22 de marzo. Sin embargo, el comportamiento de éste indicador en los últimos cinco meses supone que la caída más reciente tendrá un ciclo de repunte.

En cambio, las administraciones de Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas optarán por la vía de las pruebas rápidas de coronavirus.

Mientras que en el sureste mexicano el Gobierno del ex priista Carlos Manuel Joaquín González evalúa la necesidad de aplicar pruebas a turistas en aeropuertos como los de Cancún, Chetumal y Cozumel, donde la ocupación hotelera está al 12 por ciento de su capacidad, la administración del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca urgió la necesidad de obligar a los extranjeros a someterse a una prueba para ingresar al estado.

También está el caso de Chihuahua. Allá, en el norte de México, la última propuesta no surgió de la administración del panista Javier Corral Jurado, sino del sector privado, que anunció que aplicará pruebas rápidas en las maquilas, donde el 70 por ciento de la planta laboral está en activo. Con dicha medida, la industria maquiladora acataría lo establecido en los protocolos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para empresas que tienen más de 200 trabajadores laborando por turno.

Más allá de los casos individuales, las entidades federativas de Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas acordaron aplicar una nueva estrategia de salud, que entre otras cosas, incluye reforzar el modelo de aplicación de pruebas de COVID-19 y “establecer la obligación de hacer pruebas en las empresas y en otras actividades económicas”, de acuerdo con la estrategia interestatal “Nueva Convivencia Social”.