La reforma que sí se necesitaba

Por: Saúl Eduardo Rodríguez Camacho
Abogado, especialista en derecho constitucional y electoral.
Ex consejero del Instituto Estatal Electoral.
Actualmente secretario de Acuerdos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Le saludo con gusto por la oportunidad de tener contacto con usted por esta vía y pretender propiciar la reflexión sobre diversos temas que nos deben interesar a todos.

Para hacerlo en esta ocasión, recordará que he hablado antes sobre las iniciativas de reforma electoral federal más recientes y que, por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedaron invalidadas; eso significa que las reglas de la contienda electoral serán esencialmente las mismas que las aplicadas en los últimos tres procesos electorales.

Sin embargo, siempre he pensado que la materia electoral está sobre-regulada en varios aspectos. Y es que, los partidos políticos tienen un interesante afán de tapar baches legales, donde el bache es la falta de previsión de conductas prohibidas y sanciones, y lo hacen regularmente a toro pasado, es decir, después de una elección en la que se vieron maneras de actuar que generaron alguna ventaja a un partido o actor político, en perjuicio de otros, pero sin que existiera en la legislación la posibilidad de imponer un castigo.

Situaciones como esa se han dado muchísimas, entonces se van haciendo reforma tras reforma para “tapar” esas posibilidades de ventaja para la siguiente elección. Lo malo es que se ha abultado tanto la legislación, previendo tantas situaciones concretas, que el efecto ha sido contrario, es decir, que se recurre a otro tipo de conductas, lo explico enseguida.

Un tema que genera mucha tensión y atención es el del arranque de las campañas electorales, donde todos deben iniciar al mismo tiempo, nadie antes. Entonces, se estableció lo que se conoce como actos anticipados de campaña. Pero luego, como había que esperar mucho para iniciar con las actividades proselitistas, los partidos políticos dijeron: cada quién tenemos que celebrar al interior nuestra elección de candidatos, como si fueran unas mini elecciones, por lo tanto, se crearon los procedimientos internos de selección de candidaturas en los que existe la etapa de precampañas, lo que abrió la posibilidad a tener un tiempo de proselitismo antes de que lleguen las campañas, para ir posicionando al instituto político y a ciertas figuras públicas de su interés.

La cuestión es que, fuera de las precampañas o campañas, en ningún otro momento se puede hacer proselitismo con fines electorales, así lo marca la ley. Pero sucede que para castigar las conductas que vayan en contra de esa prohibición, la legislación establece, palabras más o menos, que los actos anticipados de precampaña o campaña son aquellos llamados expresos al voto a favor o en contra de otros partidos o candidaturas o solicitudes de apoyo.

¿Qué tiene de malo esa definición?, pues que mientras no se haga ese llamado expreso al voto o esa solicitud de apoyo, todo lo demás se puede y, pues ya se sabe, en este país tenemos cierta proclividad a la simulación, así que cada vez que se acerca un proceso electoral, diario y todos cometen conductas que buscan generar ventaja en el conocimiento de la ciudadanía para posicionarse y, cuando ahora sí, sean las campañas, traer un buen tramo recorrido en la carrera por los cargos de elección popular.

Sí hay que decir algo, los tribunales de la materia electoral han hecho algunas interpretaciones con la finalidad de ampliar el supuesto de conducta a sancionar, estableciendo lo que se conoce como equivalentes funcionales, es decir, aquellos llamados expresos al voto o petición de apoyo, sin que sea necesario que se diga: ¡vota por mí!, o ¡dame tu apoyo!, sino que de las frases utilizadas se entienda que ese es el mensaje que se quiere transmitir.

De cualquier modo, no se puede llegar a mucho más para disminuir este tipo de conductas, pues como nadie se quiere esperar a que lleguen “los tiempos electorales”, se ponen a escribir libros y a dar entrevistas para luego publicarlo en anuncios espectaculares, para tener el pretexto de aparecer públicamente y aumentar su nivel de conocimiento en la sociedad.

Pero eso, promocionar su imagen fuera de proceso electoral, no está prohibido en la ley, aunque se supone que es lo que se quería evitar, o al menos eso dan a entender los partidos políticos, porque todos denuncian esas conductas (sin importar que sus próximos candidatos y candidatas lo estén haciendo también).

Vamos a algo más concreto; actualmente y desde hace meses, somos testigos de una incesante actividad de los partidos políticos y las figuras públicas que podrían ser sus candidatas en 2024; por un lado, Morena está proceso de elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Por otro, los partidos de oposición PAN, PRI y PRD, formaron un frente (asociación de partidos para lograr objetivos comunes no electorales) -porque aún no pueden formar coalición- y designaron a la Coordinadora del Frente Amplio.

¿Qué significan esos cargos?, que los partidos políticos y sus líderes están llegando a niveles de refinamiento en la simulación que qué barbaridad. Y lo peor es que ante la falta de herramientas legales o, ante los baches, pues el INE y el Tribunal electoral ya mejor dijeron que esos son simplemente “procesos políticos” inmersos en las dinámicas intrapartidarias y que, mientras no haya un llamado expreso al voto, no hay violación qué perseguir.

¿Y qué va a pasar después? Que quienes resulten ser coordinadores van a ser quienes -si no pasa nada extraordinario- serán registrados como precandidatos o precandidatas de unidad cuando llegue el proceso electoral y, ahora sí, abiertamente a hacer precampaña y después campaña, lo que les habrá dado casi un año de promoción política.

Lo anterior denota que nadie respeta la ley electoral, al menos nadie que en verdad quiera competir. ¿Está mal? Pues planteado así, de plano como si está bien o mal no respetar la ley, claro que está mal, pero también lo que queda claro es que la ley no está acorde a la realidad porque, ciertamente, no está mal conocer a quienes podrían ser candidatos con la suficiente anticipación, pero eso de no poder llamar a las cosas por su nombre hace que se recurra a la inventiva y no sepamos cuáles temas son los que esas personas podrían presentar como propuesta o proyecto político. Por eso se vota más por la popularidad o fama pública de cada contendiente que por sus propuestas.

Además, está el tema del dinero, preguntar de dónde viene el que utiliza cada aspirante a coordinador-próximamente precandidato-y-por último-próximo candidato, hace que surja el cochino sospechosismo, que si del gobierno, que si del empresariado, que si del crimen, etc., pero de que se ha gastado muchísimo dinero no hay duda.

Entonces, la reforma que se requiere es una que le quite el velo a la manera de hacer política electoral en nuestro país, que ponga sus ojos donde importa y no en las autoridades electorales. No es una reforma sencilla, pero sí necesaria.

Gracias por la lectura. Hasta luego.