Lawfare, la verdadera peligro para la democracia
Por: Ana Lilia Dueñas | Periodista
La guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. Esta es la definición de lawfare o la judicialización de la política.
Y es que en los últimos años se ha popularizado, los casos en que jueces han ejercido lawfare contra sus enemigos políticos.
Por ejemplo, en Guatemala, La jefa y directora de esta trama es la fiscal general Consuelo Porras y ejecutada por Fredy Orellana, juzgador, autor de las recientes jugadas legales para descarrilar el curso de los comicios pasados en el país centro americano y con las que han buscado quitarle la presidencia a Bernardo Arévalo, sociólogo, diputado y diplomático de 64 años, que cofundó el Movimiento Semilla, y quien gana las elecciones con un discurso firme.
Pero Orellana, es sólo un alfil del actual fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche, impuesto en el cargo por su jefa, la fiscal Porras. Curruchiche alega que en las actas de 2018 del registro del partido hay 613 nombres que no tienen su número de identificación, por lo que asume que son falsas o inventadas.
En Brasil la expresidenta, Dilma Rousseff, ella misma destituida por el Congreso de su país en 2016, denunciaba “el uso de instrumentos jurídicos para destruir presidentes”.
En Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego, político y economista quien es el actual presidente de aquel país desde el 7 de agosto de 2022, fue víctima de este mismo juego político, cuando entonces procurador encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, Alejandro Ordóñez, a quien se le conocía por ser un ultra derechista, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020.
En Argentina, también se habla de persecución judicial, desde el comienzo de la investigación a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua. Siete años después de su imputación, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída. El sobreseimiento es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.
En México el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene desde hace años un enfrentamiento contra las cupulas del poder judicial, por corrupción. Y en más de una ocasión han intentado amarrarle las manos, como cuando AMLO acusó a los jueces de perseguir un “golpe de Estado técnico” contra su Gobierno, luego de la resolución de un juzgado federal que ordenó suspender de forma definitiva la deforestación en cuatro tramos del Tren Maya, como esta hay más resoluciones de la corte en contra del presidente y esta como muestra la marcha que en semanas pasadas este poder realizó en contra del gobierno de la 4T, cuando este último quiso limitar sus alcances económicos y desvanecer los fideicomiso ilegales del poder judicial.
Y en todos los casos antes mencionados, es la derecha política la que pretende usar Poder Judicial, en un ariete contra el Gobierno, pero el impacto va dirigido contra las bases del Estado democrático, no del Ejecutivo. Ya que el daño causado permanecerá, en el imaginario colectivo, mucho más de lo que dure este Gobierno. Una vez convertido el Poder Judicial en un arma política, perderá irremediablemente toda función que no sea la de ser arrojado contra el adversario, lo que lo condenará a su propia extinción.
Y es que el Poder Judicial no debe ser un poder político, pues se degrada a este mismo, y cabe recordar que su función no es la de asestar golpes en contra de los otros dos poderes que si han sido elegidos democráticamente.
