¿Para qué elegir jueces por voto popular?

Por: Saúl Eduardo Rodríguez Camacho
Abogado, especialista en derecho constitucional y electoral.
Ex consejero del Instituto Estatal Electoral.
Actualmente secretario de Acuerdos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Le saludo con mucho gusto después de un buen tiempo de no escribir. Lo hago precisamente con un tema del que ya se ha hablado y escrito mucho, que también me interesa y que quisiera aprovechar para esbozar algunas ideas, unas propias y otras más que he leído o escuchado. Me refiero por supuesto a la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, que se encuentra encaminada a ser aprobada los próximos días.

Para comenzar, tenemos que establecer algunas premisas que nos pongan en contexto. La primera, es la que responde a la pregunta de ¿qué hace el poder judicial federal? La contestación puede ser muy amplia, pero, en síntesis, digamos que los jueces federales resuelven los juicios de amparo que presentan las personas contra actos de autoridadque les afectan; o bien, resuelven juicios mercantiles del ámbito federal o juicios penales como los relativos a delincuencia organizada.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve amparos que atrae de los juzgados de distrito por sutrascendencia, con el fin de fijar un criterio aplicable a todo el país, o las acciones de inconstitucionalidad para declarar la validez o invalidez de leyes dependiendo de si se ajustan o no a la Constitución; igualmente, resuelve las controversias entre poderes o entes públicos cuando alguno considera que otro ha violentado el orden constitucional por invadir su competencia.

Además, están los tribunales de los estados, que resuelven conflictos entre particulares respecto de asuntos civiles, mercantiles, familiares, laborales o penales.

Otra premisa es la crisis de la representación política, que tiene décadas no solo en nuestro país, sino en el mundo. La ciudadanía no se siente representada por quienes ocupan los cargos de elección popular, lo que tiene muchos factores de origen, entre ellos el fantasma del abstencionismo, ya que participación ciudadana ronda de un 50% a 60% de quienes pueden ejercer el derecho al sufragio.

Lo anterior va ligado a una premisa más, la referente a la democracia y las muchas concepciones de esta, a la que se le cargan virtudes y defectos pero que claramente no deberíalimitarse a entenderla como el “mandato de las mayorías”, pues en realidad la democracia implica considerar todas las voces, por múltiples vías, no solo mediante votación en elecciones y consultas.

Así pues, la iniciativa de la reforma judicial se sustentó, desde un principio, en la corrupción de los jueces, el impacto de ello en la inseguridad, el favorecimiento de los tribunalesa los intereses de los adversarios del Presidente, nepotismo y, además, en los privilegios de los titulares de los tribunales del país, principalmente de los ministros de la Suprema Corte.

Entonces, para empezar, debemos identificar en el planteamiento afirmaciones más bien genéricas; por supuesto, no dudo que haya actos de corrupción en el Poder Judicial, pero no dudo tampoco que los haya en el Poder Ejecutivo y el Legislativo y, el hecho de que quienes forman parte de estos sean electos por elección popular no ha terminado con la corrupción. En realidad, no hay una cosa tal como “combate a la corrupción mediante elecciones”.

En ese sentido, debemos aceptar que hay jueces que han cometido actos de corrupción, que han dictado sentencias injustas y que con su actuar han contribuido a la impunidad, por ejemplo, en el ámbito penal.

Sin embargo, en un universo de cientos o miles de personas juzgadoras, quienes han incurrido en corrupción son los menos y, además, el Poder Judicial tiene sus vías de control para juzgar esas conductas y sancionarlas, incluso, con la destitución.

Ahora, ¿cómo llegan a ser jueces y magistrados quienes ocupan esos cargos?, mediante concursos en los que participan quienes cumplen requisitos como capacitación, evaluaciones de desempeño y se someten a procedimiento de exámenes y entrevistas para que luego, sean designadosquienes demuestren idoneidad y capacidad para juzgar. Eso es lo que les da legitimidad.

Entonces, si eso no será el principal factor para el nombramiento, sino que pueden participar personas sin experiencia jurisdiccional, la calidad de la justicia en un futuro no tiene el mejor pronóstico, no puedo ver cómo una elección popular mejoraría la impartición de justicia y, además, en medio de la crisis de la representatividad, la legitimidad de los jueces estaría en entredicho.

La cuestión respecto de esto último es, ¿para qué nos representaría un juez que analiza principalmente cuestiones de intereses particulares?, por ejemplo, si hablamos de los jueces y magistrados locales, ¿cómo representarían a la ciudadanía al resolver un divorcio, un conflicto por arrendamiento, un robo?, ¿cuál es el mandato popular? Puesel mandato será únicamente que se dicten sentencias apegadas a derecho, justas; aunque eso es precisamente para lo que existe carrera judicial, para la constante preparación técnica de quienes imparten justicia.

Pero, además, ¿a quién van a representar, a la ciudadanía de un circuito o distrito judiciales?, esto tendrá dificultades de operación electoral, que funciona bajo una lógica de circunscripciones electorales cuya unidad mínima son las secciones, las cuales para nada coinciden con las circunscripciones judiciales. Pero eso es una complicación operativa, digamos que para los legisladores eso es lo de menos.

El tema relevante sigue siendo la legitimidad, yo no sé si usted recuerda a todas las personas a favor de las que votó el pasado 2 de junio y quiénes actualmente están ejerciendo los cargos de representación popular de su distrito, municipio o Estado; pero con la reforma tendrá que conocer a más, muchas más. Y la pregunta siegue siendo ¿para qué?

Ciertamente, desde hace muchos años se ha cuestionado el método que la Constitución establece para los ministros de la Corte, porque hay una injerencia fuerte del Ejecutivo, ya que hace la propuesta de terna para que luego el Senado haga contrapeso con la designación; pero, siempre con la posibilidad de que la persona titular de la Presidencia haga la designación de manera directa en caso de que el Senado rechace sucesivamente dos ternas, como sucedió por primera vez en la historia con la última ministra designada.

Así pues, aunque ha habido muchas críticas al procedimiento que prevé la Constitución, una elección popular no necesariamente es mejor. Pero insisto, eso es un problema en el tema de ministros de la Suprema Corte, no en cuanto al resto de titulares de los tribunales.

Ahora, los resultados de la elección pasada muestran con toda claridad la confianza de la ciudadanía que ejerció su voto a favor de una coalición de fuerzas políticas, pero que ese resultado signifique que el pueblo desea y ordena que losministros de la Corte, magistraturas del Tribunal Electoral, magistraturas federales, jueces de distrito, magistraturas y jueces de los estados, se elijan por voto popular, no es una conclusión forzosamente correcta, ya que la votación fue para elegir representantes populares no una consulta directa sobre la forma de designación de dichos servidores.

Luego, muy buena parte del tema está en el cómo será la elección, considerando que el porqué de la reforma no tiene una respuesta directa en el para qué, pues la impunidad y la corrupción no se resuelven con una votación.

Al respecto, en el combate a la impunidad intervienen instituciones que forman del Ejecutivo Federal y de los estados, como las fiscalías, que deben ser reforzadas en recursos materiales y humanos; y, en el combate a la corrupción, corresponde hacerse un diagnóstico respecto de las necesidades del Sistema Nacional Anticorrupción para generar mejores condiciones de operación y su efecto en los resultados.

Retomo, no se debe descartar que el resultado de una elección podría traer buenos perfiles al ejercicio de la función jurisdiccional, pero no todas las personas que resulten electas serán las que tengan perfil para el cargo y, lamentablemente, no tendremos elementos para evaluar eso; insisto, ello a diferencia de la carrera judicial y las convocatorias a concurso que forman parte de esta, pues quienes ganan esos concursos son quienes demuestran contar con los conocimientos y aptitudes para ello.

Y sí, he escuchado que no desaparecerá la carrera judicial, pero como esta no será requisito para ser titular de un tribunal, quienes sí cuentan con ella y estén bajo el mando de alguien que no tiene un perfil idóneo, podrían sentirse poco incentivados para continuar con su preparación técnica, en perjuicio de las personas que acudan a reclamar justicia.

Estamos frente a un tema que tiene muchas perspectivas, muy importantes y dignas de considerarse, pero parece que únicamente pesa la política. Es cierto, hay privilegios y excesos, malas prácticas y actos de corrupción que deben ser atendidos, pero con acciones o modificaciones específicas y especialmente dirigidas a ello para que puedan incidir en la mejora de la impartición de justicia; entonces, realizar la designación mediante elección popular, con la consecuentedestitución masiva de los actuales jueces y magistrados, que se han preparado por años y que, al menos a quienes conozco, son excelentes juzgadoras y juzgadores, ¿para qué?