Los cuatro presos por la defensa del agua: cobro de factura y escarmiento de la 4T

Por: Froilán Meza Rivera | Periodista

Chihuahua, Chih.- El gobierno de la “cuarta transformación” mantiene en la cárcel, con procesos penales estancados, a cuatro agricultores por haber realizado activismo en la defensa del agua de riego, bajo acusaciones terribles que van desde “motín” hasta “terrorismo”.

Vox populi es aquí en el estado, que Andrés Manuel López Obrador no buscaba a quién se la hizo, sino quién se la pagara.

La agresión más reciente de las que ha perpetrado el presidente de la república contra los productores agrícolas del estado de Chihuahua que se rebelaron en contra de su política de saqueo del agua de sus presas, fue la aprehensión -el jueves 22 de julio pasado- del líder Andrés Valles Valles, en venganza por el activismo de este productor lechero, en la defensa de la Presa La Boquilla. El también agricultor cayó en manos de la Guardia Nacional y los militares que, según ellos, “tenían meses persiguiéndolo”; en realidad, sin embargo, la 4T no se quiso arriesgar a realizar este arresto en tiempos de las campañas del proceso electoral ni inmediatamente posteriores. Valles Valles fue vinculado a proceso por un juez federal por los cargos de motín, robo de vehículo y obstrucción a las vías de comunicación.

En un hecho anterior, tres campesinos que participaron en la toma de La Boquilla el 8 de septiembre de 2020 al lado de otros cientos de sus compañeros afectados por el despojo del agua, fueron encarcelados durante la noche de ese mismo día, detenidos de manera violenta por una patrulla militar y enviados a prisión. Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez siguen prisioneros de la “cuarta transformación” desde entonces, acusados de “terrorismo”. Estos hombres están prácticamente olvidados, no sólo por la opinión pública y por los casi mil 200 productores que participaron también como ellos, en la acción de La Boquilla, con la que se pudo atajar el saqueo que estaba perpetrando el gobierno federal del agua de esta presa. En un hecho que muchos han calificado como “ingratitud”, las mismas organizaciones campesinas y las asociaciones de usuarios del riego en la región, han caído en un marasmo político que les impide emprender con energía la defensa de estos mártires que son carne de su carne y víctimas de las consecuencias de su propia lucha, lucha que hoy, muchos han preferido olvidar por comodidad.

El olvido y la indiferencia de la sociedad, más la sevicia de las autoridades federales, están jugando en contra de estos cuatro luchadores sociales.
Para Martha Holguín, la esposa del líder Andrés Valles, quien está exigiendo al Juzgado Décimo Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chihuahua, que se revisen los cargos con los que fue vinculado a proceso su marido, el juez está actuando en obediencia servil de una consigna venida desde la Presidencia de la República. Según ella y los abogados, en realidad no se configura ninguno de los delitos de los que se le acusa. En entrevista, ella relata detalles de las maniobras de que su marido está siendo víctima: En el juzgado “nos cancelaron la audiencia del 13 de octubre, y el proceso no puede proseguir porque, según ellos, mi esposo tiene interpuesto otro amparo para un juzgado diferente, y esa audiencia se la adjudicaron a ese otro juzgado”. Simplemente les dijeron que no podían llevar a cabo la audiencia.

APREHENDIDO DE MANERA ILEGAL

El caso de Andrés Valles tiene, sin embargo, otras aristas interesantes, porque la defensa está alegando que todo este proceso, desde su inicio, se encuentra viciado con imperdonables irregularidades. Martha Holguín revela ahora un dato que había permanecido ignorado por el público, y es que el día de la aprehensión del líder de los productores lecheros, sus captores -miembros de la Guardia Nacional y el Ejército- aparentemente llevaban una orden de aprehensión y otra de cateo para el domicilio de la familia; pero cuando se dieron cuenta de que don Andrés no se encontraba ahí, sino en una casa vecina, no dudaron en presentarse allá para allanar el que resultó ser el domicilio de la madre de él; entraron sin permiso, violentaron candados y cerraduras sin escuchar los reclamos de los moradores, y por supuesto, sin portar la orden de allanamiento correspondiente para llevarse a su “perseguido”. De esta manera, desde ese momento, en atención a las normas legales del Código Federal de Procedimientos Penales, toda esa operación fue ilegal, el propio arresto fue ilegal y, en estricto apego a la ley, no sólo la aprehensión fue ilegal e injustificada, sino que estas irregularidades son causal y materia para la automática invalidación incluso de los cargos y de todo el proceso en contra del presunto inculpado.

Ahora bien, con esos elementos, Andrés Valles y su defensa interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) por atribución ilegal y excesiva de funciones, por abuso de autoridad, allanamiento y lo que resulte. Sin embargo, y como era de esperarse, la jurisdicción de este caso, que es federal, corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al respecto, la defensa y la familia de Valles Valles pretende en última instancia escalar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, porque este organismo no puede ser influido por el gobierno de López Obrador, y su actuación sería la única garantía de que don Andrés reciba justicia. Hay un obstáculo, sin embargo, porque la delegación estatal de la CNDH, en Ciudad Juárez, se niega a liberar la carpeta para que se traslade la queja a México; pero aunque se nieguen a hacerlo, el término legal se les vence el próximo 30 de octubre, y en automático pasa a la jurisdicción de esa Comisión Nacional. “Es nuestra única esperanza”, reiteró Martha Holguín, “para que entonces podamos pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

13 MESES REFUNDIDOS Y SIN CARGOS FORMALES

En cuanto a los agricultores del municipio de La Cruz, éstos ya cumplieron 13 meses en prisión, y lo único que han conseguido los familiares es que los trasladaran del Cereso de Aquiles Serdán a la Unidad de Bajo Riesgo, la Penitenciaría en la ciudad de Chihuahua, donde las medidas restrictivas son menores. En el colmo de las “chicanadas” de la Fiscalía General de la República y los jueces federales, las acusaciones hacia estos tres procesados no han sido definidas, al grado de que su propio abogado defensor, el Licenciado Carlos Vargas, dice que “No tenemos claro cuáles son los cargos, porque ni siquiera se ha realizado la audiencia intermedia”. El artículo 351 del Código Federal de Procedimientos Penales explica por qué no existen acusaciones claras en contra de los procesados: Esta indefinición se origina en el mismo objetivo de las audiencias intermedias, que es la presentación por las dos partes de los medios de prueba acerca de las acusaciones iniciales. Entonces, y como de aquí debe partir la formulación de los cargos para el procesado, es que no existen todavía acusaciones formales para los tres campesinos presos. Lo que no se explica ni se ha justificado es el aplazamiento de esta audiencia y la postergación, el diferimiento, de todo el juicio al extremo de que llevan en esa indefinición más de 390 días, tomando en cuenta que su arresto sucedió el 8 de septiembre de 2020.

Así pues, Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez siguen a la espera de justicia, encerrados y privados de la luz del sol.
Armando Rivera, quien es hermano de Juan Rivera Márquez, se queja de la injusticia que vive su hermano, y la que sufren también los otros dos coacusados, pero también sus familias. “Es que Juan y los otros dos compañeros son padres y esposos, y sus familias la están pasando muy mal por su ausencia”.

Armando dice que, en lo personal, siente mucha impotencia de no poder ayudar más a su hermano. “Hemos pedido, junto con el defensor, que se les reclasifiquen los cargos, porque ellos no son terroristas, son trabajadores, personas honestas, hombres de familia que lucharon, igual que todos nosotros, porque el gobierno respetara el agua de riego, que es indispensable para que podamos vivir y trabajar, y sostener a nuestras familias”.
En la versión oficial, la de las autoridades federales, los tres agricultores fueron detenidos la tarde del 8 de septiembre por elementos de la Guardia Nacional cuando, al efectuarles una revisión de rutina después del enfrentamiento (la toma de la Presa La Boquilla), les localizaron armas de uso exclusivo del Ejército.

En otra versión que complementa a esta, se dijo que los productores llevaban en su camioneta explosivos, lo que conduciría a radicarles una acusación por presunto terrorismo.

Sin embargo, Armando Rivera ya platicó con su hermano, y tiene otro relato muy diferente de cómo fue el arresto de los tres y sus circunstancias.
“Lo cierto es que los militares recibieron órdenes para fabricar chivos expiatorios”, dijo Armando. Es decir, tenían que encontrar a quién culpar para darle un escarmiento a los demás agricultores con la finalidad de que, en lo sucesivo, evitaran enfrentar a las fuerzas federales, como ya lo habían hecho ese mismo día más temprano. Más de mil productores agrícolas de los municipios que abarca el Distrito de Riego 05, fueron convocados ese 8 de septiembre de 2020 para tomar el control de La Boquilla, para expulsar de ese lugar a la Guardia Nacional y al Ejército que la tenían tomada, y proceder a cerrar las válvulas de extracción para que Andrés Manuel López Obrador ya no pudiera seguir enviándole el agua a los gringos, en detrimento del agua que los agricultores deseaban preservar para el riego de sus cultivos. Las fuerzas militares fueron expulsadas por la fuerza del pueblo que se organizó para retomar la presa, y la mayoría se regresó al Cuartel Militar en Delicias.

ESTUVIERON EN PELIGRO DE QUE LOS MATARAN

Sin embargo, un destacamento de la Guardia Nacional permaneció en las inmediaciones, en Las Pilas, que es una pequeña presa reguladora del flujo saliente de La Boquilla y que se encuentra a pocos kilómetros de la Presa principal. Hacia allá llevaron los militares a Rosendo y a los dos Juanes cuando los interceptaron a bordo del automóvil de Juan Rivera. El secuestro de los tres agricultores de La Cruz ocurrió minutos antes de las 5 de la tarde. Toda esa noche los tuvieron esposados, boca abajo, hasta al día siguiente. Ya con la luz del sol de ese miércoles 9 de septiembre, un convoy militar se abrió paso por los cerros, evitando transitar por la carretera de La Boquilla a Camargo, donde los soldados y los guardias nacionales temían ser interceptados por los odiados productores que, muy seguramente, iban a estar transitando por la carretera principal. La ruta alterna pasa por el Balneario Ojo Caliente, cercano a Ciudad Camargo, después de recorrer el camino vecinal contiguo al canal de riego. Necesariamente tuvieron que llegar a la carretera federal 45, y por esta vía siguieron hasta la caseta de peaje de Saucillo, donde el convoy se detuvo por un momento. El error de los militares fue que se llevaron con ellos el auto de Juan Rivera, que iba siendo conducido por un guardia nacional. El automóvil llamó la atención de las personas en los terrenos de la caseta porque tenía pintados los vidrios con leyendas relativas a la lucha por la defensa del agua. Entonces, cuando los curiosos se acercaron al convoy a ver qué pasaba y a averiguar por qué llevaban un carro con leyendas del movimiento, los militares huyeron no sin antes hacerles varios disparos de advertencia. Hay que recordar que en el convoy iban, sometidos, los tres rehenes.

“¿Qué les hubiera costado matar a mi hermano y a sus compañeros, como ya lo habían hecho con Jéssica Silva y su esposo en la noche?”, preguntó Armando Rivera. Armando supo, de labios de su hermano, que aquella noche los habían torturado sicológicamente amenazándolos con matarlos “para ver si así se les quitaba lo machito”. Fueron incesantemente interrogados acerca de cómo habían conseguido aquel cartucho de gas lacrimógeno que les quisieron hacer pasar como una peligrosa bomba. No les dieron alimento ni agua y los dejaron tendidos boca abajo, esposados. Nadie les informó nunca que estaban arrestados, no hubo ninguna formalidad, aparte del trato vejatorio y violento.

Igual que en el caso de don Andrés Valles Valles, el secuestro de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez por parte de los militares y de la Guardia Nacional, así como los hechos de aquella tarde y noche, no fueron otra cosa que acciones violatorias de las normas del Código Federal de Procedimientos Penales. De la misma manera, toda esa operación fue ilegal, el propio arresto fue ilegal, y en un estricto apego a la ley, se trata de un cuadro de irregularidades que son causales para la invalidación, en automático, de cualquier acusación y de todo el proceso penal en contra de los inculpados.

ABANDONADOS EN SU LUCHA, PERO HAY ESPERANZA

Sin dejar de reconocer que la lucha ha caído en un bache y que los cuatro presos se encuentran en un relativo abandono, hay voces que se expresan con algún optimismo. La misma esposa de don Andrés dice que la causa de los detenidos es una sola causa colectiva justificada, e informa que hay un grupo interdisciplinario que se reúne periódicamente y que cada martes acude con las bancadas en el Congreso del Estado para obtener más apoyo.

El abogado que representa la causa del líder lechero, Licenciado Maclovio Murillo, se pronunció al respecto: “Andrés Valles Valles, al igual que otros tres campesinos del poblado de La Cruz, defendió a Chihuahua en su lucha por el respeto del derecho al agua. Ahora, defendámoslos a ellos de manera eficaz, manifestando nuestra inconformidad, pero de manera pacífica hasta lograr su liberación.” Por su parte, el presidente municipal de La Cruz, Sergio Luis Olvera Gallegos, dice que “Mucha gente piensa que el asunto está perdiendo fuerza, pero acá muchos pensamos que la lucha es justa, y que estos compañeros son inocentes de lo que se les acusa, y los vamos a defender a como dé lugar”.