Sábado, 18 de abril del 2026

Busca INE contrarrestar la violencia mediática y digital contra las mujeres

Desde la autoridad electoral se debe contrarrestar la violencia mediática y digital en contra de las mujeres, porque es parte de las obligaciones que marca la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señaló la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

En el octavo conversatorio en línea “¿Qué recursos tiene el INE ante la violencia política contra las mujeres en razón de género?”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación reconoció la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar por la vía plurinominal la integración paritaria del Poder Legislativo, porque “en los hechos esto luego no se ve contrastado con las acciones que toman los partidos políticos”.

En el evento virtual, Carlos Alberto Ferrer, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, advirtió que uno de los mayores desafíos es contrarrestar la violencia política contra las mujeres en razón de género que ocurre en redes sociales.

Ello, porque “es un problema dar con los infractores y sancionarlos”, debido a que muchos ocupan perfiles falsos o pueden estar radicados en otro país. De ahí que se tenga una colaboración estrecha con Facebook para evitar estos contenidos.

Aseguró que la violencia política contra las mujeres en razón de género ocurre principalmente en el ámbito local y han detectado una mayor incidencia en el estado de Veracruz, pero desde el INE se cuenta con buenas prácticas para combatir este fenómeno.

Ejemplos de estas herramientas son la “Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, que contiene el formato de queja y facilita la denuncia, así como el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el cual el Instituto y los Organismos Públicos Locales (OPL) evalúan “el modo honesto de vivir” de aquellos a los que se acredite responsabilidad.