Por: Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. Abogado, especialista en derecho constitucional y electoral.

Ex consejero del Instituto Estatal Electoral.

Actualmente secretario de Acuerdos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Sé que ya todo mundo escribió sobre la iniciativa de reforma constitucional electoral. Se ha reflexionado sobre si es un retroceso o la vía para consolidar la democracia; si es la reforma que necesitamos o no; si se busca controlar la organización de elecciones o de democratizar las decisiones de la institución electoral y, tantas otras opiniones, todas valiosas… o muchas de ellas, al menos.

He estado observando cómo se han ido desenvolviendo los sucesos relativos a esta iniciativa y, como supongo que también usted lo ha hecho, me he ido formando idea de qué se trata, de qué estará pasando estos días y qué podría pasar en adelante. Claro, hablo con la ventaja que me da haber visto los acontecimientos hasta el punto de que, como según anuncian, la próxima semana la iniciativa será discutida en el Pleno de la Cámara de diputados y, supuestamente, rechazada.

Dicho lo anterior, una pregunta muy importante a plantearnos es: ¿qué propuso el Presidente en su iniciativa de abril de este año?

Los temas son muchos y muy variados, ahí le van algunos: suprimir al INE y crear el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas); reducir el número de consejeros de 11 a 7 y que sean electos con voto popular cada 6 años; eliminar a los institutos electorales locales; abrir la posibilidad de elecciones mediante voto electrónico; reducir la cámara diputados de 500 a 300 y la de senadores de 128 a 96, cuya elección sería mediante listas plurinominales estatales; reducir el número de integrantes de los congresos estatales y el número de regidurías en los ayuntamientos; eliminar el financiamiento ordinario de los partidos políticos y dejar subsistente únicamente el necesario para las campañas.

¿Cómo ve? Pues así de entrada, pareciera que no tan mal, ¿no?, nos hace suponer que habría importantes “ahorros” reduciendo nóminas o burocracia. De hecho, buena parte de los argumentos detrás de la propuesta presidencial son relativos al alto costo de las elecciones y las instituciones que las organizan, o de lo caros que resultan los congresos estatales y el federal. Pero vale la pena hacer algunas acotaciones, en esta ocasión, sobre el tema de los institutos electorales estatales, sin que le reste importancia a los otros, pero este lo es mucho.

Quienes ya no son tan jóvenes recordarán que, hace 30 años o más, las elecciones las organizaba el gobierno; y, creo que, se recuerde o no aquella época, todos podrán imaginar quién ganaba todas o casi todas las elecciones: así es, el partido en el gobierno.

Sin embargo, años de lucha de ciudadanas y ciudadanos, por conducto de los partidos políticos, principalmente de oposición, fueron poco a poco minando la voluntad del poder y logrando espacios; por ejemplo, en la representación popular en la integración de los congresos, obteniendo reconocimiento constitucional y financiamiento público para tener oportunidad de ser más competitivos en las elecciones frente a los partidos gobernantes y, principalmente, quitándole al gobierno la organización de las elecciones para que fueran confiables y erradicar muchas prácticas fraudulentas.

Esto se cristalizó a través de la creación de instituciones electorales, la federal (IFE, ahora INE) y las de los estados (como el Instituto Estatal Electoral en Chihuahua), que a partir de su primera elección fueron dando testimonio de su valía al irse dando las primeras alternancias (cambio de partido en el poder) y altos porcentajes de participación ciudadana.

Como sucede generalmente, la repetición va generando normalización y, esta a su vez, provoca invisibilidad. ¿A qué voy?, a que, si no tenemos claridad sobre la importancia de la existencia de este tipo de instituciones y de su aportación a la estabilidad social, podemos caer en la tentación de acoger el argumento fácil de decir: mejor que se invierta ese dinero en, ¿qué le gusta?, medicinas, escuelas, hospitales, apoyos sociales, y un largo etcétera.

La cuestión no es tan sencilla, las elecciones se tienen que seguir realizando porque, en verdad, a nadie conviene que deje de haberlas ni que el gobierno tenga control sobre ellas o sobre las instituciones que se dedican a organizarlas. Es decir, se tiene que seguir gastando en eso, ¿se gasta mucho?, es relativo, pero digamos que sí. Pues hay que buscar la manera de que las elecciones sigan siendo confiables sin que sean tan caras, es decir, que abaratarlas no tenga consecuencias en la credibilidad porque, no nos hagamos, no somos muy confiados que digamos. Y con razón, pues somos producto de la historia y en cuestión de elecciones, no ha sido color rosa.

Entonces, ¿ayudaría en algo que se eliminen los órganos electorales de los estados?, no creo, porque insisto, si no se gasta en elecciones por una institución local se tendría que gastar por una autoridad central; pero, además, se supone que somos una federación, con autoridades estatales y federales; entonces, no tendríamos por qué atenernos a lo que una institución asentada en la Ciudad de México atienda las problemáticas de las elecciones del estado y sus 67 municipios. Nada más imagínese, hay alrededor de 2500 municipios en el país.

Este es un tema muy importante para la democracia de nuestro estado y de las otras 31 entidades del país. Las instituciones electorales locales tienen mayor cercanía a la ciudadanía y conocimiento de sus necesidades. Se vinculan más activamente con la población, desde la niñez, adultos mayores, juventudes, integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ y de pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, promoviendo su participación en la formación de políticas públicas de su comunidad y, de manera fundamental, en las elecciones para la renovación de la representación popular estatal.

Obviamente, toda institución puede mejorar y sus integrantes deben hacer todo lo posible por lograr ese objetivo, pero estoy cierto en que debemos valorar lo que tenemos. Si se quiere prescindir de instituciones, que sea porque se tiene la total certeza de que estas son el problema y, sobre todo, que así se soluciona. Si no es así, el daño de una reforma sin diagnóstico correcto puede ser mayor a las deficiencias que se cree tener. De hecho, con que partidos y políticos cumplieran las leyes actuales sería suficiente, pero ese es otro tema.

Pronto veremos qué sucede, esta cuestión ya generó dos marchas y se anunció un plan B de reformas que no se conoce aún. Ya estaremos comentando sobre eso por acá.

Hasta luego.