Una luz en el túnel llamado militarización

Por: Saúl Eduardo Rodríguez Camacho
Abogado, especialista en derecho constitucional y electoral.
Ex consejero del Instituto Estatal Electoral.
Actualmente secretario de Acuerdos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Antes de haberme apasionado escribiendo del tema electoral y sus reformas legales -que pronto retomaré, no cante victoria-, ya había comentado sobre el proceso de incorporación del Ejército a cada vez más actividades, principalmente en la seguridad pública. Al respecto, llamé la atención en cuanto a que, las últimas modificaciones a las leyes que regulan a las Fuerzas Armadas contradecían a la Constitución, que señala que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil, mientras que tales leyes la incorporaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Bueno, pues el título de esta colaboración hace alusión a esa frase que nos dice que, después de todo, puede haber buenas noticias. Obviamente hay un comparativo entre luz y oscuridad, aquí la oscuridad es la notoria falta de respeto por lo que dice la Constitución y que la seguridad pública esté a cargo del ejército, y, la luz que se percibe, es la presentación del proyecto de sentencia por parte del ministro de la Suprema Corte, José Luis González Alcántara Carrancá. Lo sé, suena dramático, pero lo es.

Pues sí, el lunes 17 de abril inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad 137/2022, que promovieron senadores de oposición en contra de estas leyes con la finalidad de que se invaliden. No ha terminado la discusión al momento en que escribo, pues la ministra presidenta puso en receso sesión que habrá de reanudarse este martes 18 y podría terminar en esa misma fecha.

Son 11 ministros quienes integran el Pleno y, para que se declare la invalidez de leyes por inconstitucionalidad, se requiere el voto mayoritario de ocho de sus integrantes. Por lo pronto, sin mucha sorpresa, ya se manifestaron dos a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la SEDENA, el ministro Zaldívar y la ministra Esquivel Mossa, quienes manifestaron que no porque la Guardia quede en manos del ejército se le quita el carácter civil que le da la Constitución; es decir, puede caminar como pato y hacer como pato, pero si se le pone una mascarita, es luchador.

Es probable que se sume a esa postura favorable a la militarización la ministra Ortiz Ahlf, la más reciente designación a propuesta del Presidente de la República; sin embargo, si fuera congruente con su formación profesional en derecho internacional, debería considerar la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que los países deben reducir al máximo la incursión del ejército en labores policiales o de seguridad pública. Su voto pondría el marcador 3-8, o sea, al límite para la declaración de invalidez.

La cuestión es que, al día de hoy, esa “presencia militar mínima” en seguridad pública está muy lejana en nuestro país, tanto que, el 80% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de alguna institución de las fuerzas armadas, y los que provenían de la extinta Policía Federal o nuevos elementos, son adiestrados militarmente, por lo que no hay siquiera una formación de carácter civil en la Guardia.

Ahora, la militarización no es algo que se esté dando recientemente, ha sido un proceso que viene desde Calderón, con la presencia del ejército en las calles; Peña Nieto y su Ley de Seguridad Nacional hicieron lo propio para prever la posibilidad de que el ejército se encargara de labores policiales; y, dicho proceso está encontrando consolidación en la actual administración.

Contrario a lo que se anunció y supuestamente se buscaba cuando se creó la Guardia Nacional, es cuanto a que se diera un proceso de fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales, por ejemplo, con más presupuesto, lo que se está fortaleciendo cada vez más es el Ejército, que este año se le aumentaron sus recursos públicos en más del 20%. O sea, para el gobierno federal la estrategia de seguridad depende de las fuerzas armadas, nada más.

Por eso es importante lo que la Suprema Corte decida en estos días y, sobre todo, de declararse la inconstitucionalidad (changuitos), de lo que pase después.

Hasta pronto.