Gobierno y campañas electorales

Por: Saúl Eduardo Rodríguez Camacho
Abogado, especialista en derecho constitucional y electoral.
Ex consejero del Instituto Estatal Electoral.
Actualmente secretario de Acuerdos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Espero que se encuentre muy bien y que el curso del proceso electoral haya atrapado su atención ahora que nos encontramos ya en la etapa de campañas federales. Si no es así, créame que le entiendo, pero la decisión que tomaremos en poco menos de tres meses merece de nuestro tiempo para seguir los acontecimientos y el desenvolvimiento de las candidatas y candidatos.

Claro, son muchos cargos los que se van a elegir, todos importantes, desde las presidencias municipales hasta la Presidencia de la República, pasando por las legislaturas federal y local, ciertamente, es mucha la información.

Lo importante es, primero, que podamos contar con los datos de cada candidatura por la que podemos votar; por supuesto que en las redes sociales encontraremos mucho qué leer o ver de cada una, pero hay que discriminar, prefiera la que provenga de fuentes conocidas y confiables. Por ejemplo, en las páginas del INE y del IEE (una vez que haya candidaturas registradas) se puede consultar la información que las y los contendientes proporcionan.

Ahora, en segundo lugar, es fundamental que la competencia sea pareja, que todas las candidaturas participantes tengan la posibilidad de acceder a las mismas herramientas y recursos para difusión de sus plataformas electorales, propuestas de gobierno, etc.; y, tercero, es elemental que no se permita que los gobiernos, de cualquier nivel, pretendan jugar en la contienda, ya sea a favor o en contra de algún partido o candidatura, porque eso desequilibra y genera ventajas indebidas.

La Constitución y las leyes de la materia electoral establecen reglas que prohíben las intervenciones del gobierno en las elecciones. Por ejemplo, no debe haber, desde que inician las campañas electorales y hasta que termina la jornada electoral, difusión promocional de logros gubernamentales (obras públicas, servicios, programas sociales, etc.), para que no sean un factor mediante el que la administración municipal, estatal o federal, pretenda incidir en las preferencias del electorado, como diciéndole: mira lo que hemos hecho y estamos haciendo, te conviene votar por los candidatos de nuestro partido, pues de esa manera se convertiría en un jugador más, con amplias posibilidades presupuestales. Mucho menos pueden quienes gobiernan, decir directamente por quién votar o por quién no votar.

Obviamente, hay información con la que se debe contar oportunamente y que los gobiernos, a través de sus dependencias, deben proporcionar; pensemos por ejemplo en convocatorias para procedimientos de admisión a instituciones académicas, licitaciones, información de protección civil, entre otros que la población debe conocer.

Otra cosa es que, por su parte, las candidatas y candidatos sí pueden mencionar los logros de gobierno para incidir en la intención de voto del electorado, es una manera de decir que tal o cual obra o servicio es parte de lo que los gobiernos emanados de su partido o coalición pueden conseguir cuando triunfan, cuestión que es válida y será la ciudadanía la que evalúe.

Pero no es lo mismo que desde el gobierno se nos diga por quién votar, eso es manipulación de la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos y, además, uso indebido de los recursos públicos. Para los gobernantes, la tentación de hacerlo es muy fuerte, representa la oportunidad de mantener el poder para su partido y la de transitar por una salida por término del mandato menos problemática, sin persecución.

Imagínese entonces, para una elección tan trascendental como la Presidencia de la República, con lo que está en juego, las ganas que debe sentir el presidente y su equipo de intervenir; aunque lo tienen prohibido, pero con la sobreexposición que generan las conferencias diarias el margen de error aumenta, no por nada se han presentado un buen número de denuncias ante el INE por situaciones que pueden ser contrarias al principio de equidad.

Pero ¿qué pasaría si el gobierno interviene en la elección?, son muchas las posibilidades, digamos que se difunde una obra pública durante el período de campañas electorales; en ese caso, por ser aislado, se aplicaría una sanción a quienes hayan ordenado y realizado la difusión. Es decir, se deben siempre analizar las circunstancias en las que se dio la violación, medir el impacto en la ciudadanía y respecto del principio de equidad, pues puede darse el caso de que la violación continua o sistemática se convierta en una causal de nulidad de la elección, cuestión que sería sumamente delicada.

Otro tema de cuidado es el relacionado con el condicionamiento por parte de agentes del gobierno respecto de la realización de una obra, el otorgamiento de un servicio o un apoyo o programa social al que se tiene derecho, a cambio de que se otorgue el voto a determinada candidatura o que no se otorgue a otra, eso es también una indebida intervención del gobierno en la elección, constituye un delito y debe denunciarse.

Y es que, ya lo habrá escuchado antes, el sistema electoral mexicano siempre se ha basado en la desconfianza, principalmente en aquella que se tienen entre los contendientes; pero, en la medida que la ciudadanía ejerzamos nuestros derechos político-electorales de forma más consciente e informada, iremos dejando de ser un simple blanco de atención de cada tres años, para ser tomados en cuenta más seriamente y todo el tiempo.

Así que: infórmese, exija, denuncie.

Hasta luego.