#Opinión Padrón de telefonía móvil ¿real combate a la delincuencia?

Por: Mtro. José Carlos Hernández Aguilar, especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada.

El sábado 17 de abril de 2021, entró en vigor el Decreto de reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se instaura el ‘Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil’ y que de acuerdo a su artículo 180 Ter, obliga a las y los usuarios de este medio de comunicación, a proporcionar toda su información personal a las compañías que presten este servicio a través de 9 datos específicos, más la información biométrica como las huellas dactilares, el iris de los ojos, las facciones del rostro y hasta el tono de voz.

En estas adecuaciones legislativas, se estipula que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), deberá tener listo el censo en un periodo máximo de 180 días y dándose un plazo de hasta 2 años a las empresas de telefonía para cumplir con la totalidad de dicho empadronamiento, de lo contrario se harán acreedoras a sendas sanciones. Este sistema de empadronamiento, “Es una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuenten con número del Plan Técnico Fundamental de Numeración y cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables” (Art 180 Bis).

Ahora bien, para nadie es un secreto que la propuesta se gestó en la fracción senatorial de MORENA en apoyo emergente al ejecutivo federal, toda vez que ha quedado muy claro, que no se ha podido controlar -ni mucho menos erradicar- los delitos de gran impacto social como el homicidio, el secuestro, el narcotráfico, la extorsión y que, dicho sea de paso, este último se ha convertido en el tercer delito con mayor incidencia, toda vez que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2020, durante el 2019 se cometieron 4.6 millones de ellos. El 88.9% de los casos fue vía telefónica y en el 8.6% de los casos la extorsión fue pagada por las víctimas.

Obviamente y con la seria objetividad que debe permear nuestra reflexión, mencionaremos, que estas reformas de ser cumplidas a cabalidad deberán tener un gran impacto positivo. Sin embargo, no podemos descartar sus espinosas aristas que son las más ¡Pero primero veamos! Entre sus bondades podemos anotar las siguientes:

1. Debido a que no existe en México, habrá un control exhaustivo de quienes hagan uso de esta tecnología móvil, ya que de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (publicada por el INEGI el 14 de mayo de 2020), el teléfono celular representa la tecnología con mayor penetración nacional con 86.5 millones de usuarias en el país. Las mujeres (44.7 millones) lo usan más que los hombres (41.8 millones).
El 88.1% cuenta con al menos un celular de los llamados teléfonos inteligentes o Smartphone. Entre la población que dispone de este tipo de celular, el 94.7% usa la funcionalidad de conexión a la red y de acuerdo a datos del propio IFT, para el 2021 ya hay más de 120 millones de personas usuarias en México y más de 126 millones de líneas telefónicas móviles.
2. Con este modelo, el gobierno federal tendrá un control y un registro de primera mano, sobre la ‘totalidad’ de usuarios, y consecuentemente (en un mundo ideal), habrá un combate más expedito y frontal contra las mafias delincuenciales, como en el caso de la extorsión, los fraudes comunes y cibernéticos, los secuestros, el sexting, las redes de pornografía infantil, tráfico y/o desaparición forzada de personas, entre otros ilícitos de no menor relevancia.

Sin embargo y en su justo análisis, apreciamos más desventajas en su implantación y desarrollo, entre otras:

1. De entrada, la infraestructura material y logística de este padrón mexicano, deberá ser pagada -vía impuestaria-, por todas y todos los mexicanos. Por lo que para instalar, operar, regular y mantener este proyecto, el IFT deberá destinar erogaciones presupuestales con las que actualmente no cuenta, entonces deberá solicitarse al poder legislativo, un amplísimo presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 y los subsecuentes. De acuerdo al rotativo “El Economista”, las asociaciones y cámaras industriales expertas en la materia, pronostican que la puesta en marcha de este Padrón, costará por lo menos 109 millones de pesos el primer año y más de 88 millones los siguientes. Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, destacó que “La creación y mantenimiento del Padrón tendrá un enorme costo económico, tanto para el IFT como para los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones, que podría ascender a más de 21 mil millones de pesos”.
2. Es un atentado grave contra los Derechos Humanos de los llamados “Cuarta Generación”, en su sendero de libertad personal; a la protección de datos personales y acceso a la tecnología previstos en el cardinal sexto de la Carta Magna. Además, no se incluyen los candados necesarios que, como mecanismos confiables, deben estipularse para no atentar contra aquellos derechos supremos, por lo que será imposible detener una cascada imparable de demandas de Amparo o acciones de inconstitucionalidad, con altos costos, fricciones entre las partes y pérdida de tiempo para todos, incluso para el mismo aparato de justicia y de gobierno.
3. Su entrada en vigor, tácitamente criminaliza a las personas, toda vez que atenta contra la presunción de inocencia, simplemente por contar con una línea móvil en su derecho a comunicarse, a trabajar, a estudiar o por poseer un artefacto de entretenimiento tecnológico.
4. Las actividades de espionaje ilegal -que de por sí, siempre han existido en nuestro país-, se aumentarán exponencialmente con la permisibilidad casi expresa de estas modificaciones. De público conocimiento es, que personal de las compañías telefónicas venden su base de datos a los mejores postores, incrementándose con estas reformas a la ley, alteraciones de cuentas bancarias; usurpaciones de personalidad y demás delitos generados en la web, que ya se encuentran a la orden del día.
5. Por si fuera poco, en este nuevo catastro telefónico existe un absurdo legal, porque los controles no aplican si se usa una línea telefónica extranjera en México; o si se tiene un equipo celular o PC y vía internet se utiliza cualquier app para comunicarse como WhatsApp, Silent Phone, Wire, Cryptomator, Confide, Cyph, Telegram o Wickr ¡Por Dios! ¡Como si el crimen organizado, no usara estas aplicaciones o formas de comunicación para sus horrendos entramados!
6. Por su elevado costo en la infraestructura e implementación de esta base nacional de datos, serán recurrentes las constantes infracciones, omisiones y problemas en los accesos no autorizados. Baste recordar, que este proyecto ya tiene un antecedente fallido en el año 2008 llamado “RENAUT”, el cual terminó reventando en 2011, por los mismos motivos.
7. Obviamente no podemos descartar, el subrepticio gran interés de persecución o acoso fiscal hacia los deudores tributarios en favor del SAT, para el consabido seguimiento de las políticas proteccionistas y demagógicas hacia ‘los que menos tienen’.
8. El fomento de este sistema de vigilancia, control y hostigamiento, sin duda alguna fomentará el incremento del robo de teléfonos celulares; la suplantación de identidad y con ello, el incremento en los delitos ya mencionados.
9. Esta intervención invasiva, desconectará a una gran cantidad de usuarias, que al no otorgar su consentimiento para su registro, se convertirán en grupos sin control o de serio peligro, lo que nuevamente evidenciará una seria descoordinación en las estrategias en el ámbito de la Netnografía criminal (Que es la investigación objetiva y seria, sobre el comportamiento delincuencial generado en el mundo de la web, para determinar causas, consecuencias y soluciones a dicho fenómeno).
10. Con puntualidad realista y pragmática, de acuerdo a las políticas públicas instauradas en los presupuestos de egresos, no existe (ni existirá jamás) personal humano suficiente y calificado como analistas de información o policías cibernéticas, para el puntual seguimiento de las tareas de prevención, persecución y captura de delincuentes informáticos, ya sean de la delincuencia común u organizada, a los que supuestamente va la expresa dedicatoria de este nuevo catastro.
11. Finalmente, y sin desdeñar a las y los funcionarios honestos en México, no es una utopía la imparable corrupción que existe en las distintas esferas gubernamentales y en este tipo de millonarios giros comerciales.

Por lo que muy seguramente y con el apoyo oculto o franco de dichas personas, nuestros datos más confidenciales, estarán a merced de una delincuencia organizada que, en muchas ocasiones también labora en aquellas áreas de estratégicas de la Seguridad Pública.

El nuevo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, será el penoso e irrisorio “Big Brother”, para una delincuencia que astutamente todo ve y todo escucha, aprovechando los patéticos errores de la ley y del gobierno, para hacer de las suyas, ¡Como ya es costumbre!