¿Y qué hay de los “objetivos prioritarios” del gobierno federal?

Por: Mtro. José Carlos Hdez. Aguilar, especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada

Desde las administraciones públicas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a los criminales más peligrosos o principales capos del narcotráfico en México se les designó como “Objetivos Prioritarios del Gobierno de la República”, llegando a sumar por las procuradurías de sexenio hasta 122: la gran mayoría de ellos fueron capturados o recapturados. Sin embargo, el actual titular del ejecutivo federal, no sólo ha dejado de llamarles como tal, sino que ha prohibido tal calificativo en los discursos de su gabinete de seguridad, enarbolándose en una política de reconciliación y abrazos para ellos. Incluso y previo a tomar posesión como presidente constitucional, él mismo afirmó que “¡no se continuará con la captura de los mal llamados objetivos prioritarios del gobierno neoliberal!”

Desde el año 2006, las inminentes detenciones de tan famosos delincuentes se habían convertido en un pilar de las estrategias criminales para fracturar dichas organizaciones. Sin embargo el problema fue que en la gestión calderonista fueron asesinadas 121’683 personas (el doble que en la de Vicente Fox)[1] y en la peñista se contabilizaron hasta 156’437 ejecuciones.[2] Como puede observarse, las administraciones criminales lejos de irse menguando ante la captura de sus principales líderes, se fortalecieron en un proceso de recomposición, expansión y diversificación de sus actividades. Lo que se antojaría entonces sugerir, que pudiere haber un nexo causal entre las detenciones de aquellos y el exacerbado aumento de la violencia. Pero además para abonar al tema, ha quedado de manifiesto, que esas acciones estratégicas por su carácter esporádico, mediático, espectacular y particularmente electorero, no han sido exitosas en términos de -al menos-, una mínima erradicación de la crisis social.

Por otro lado, la revista Animal Político ha afirmado que: “En los primeros 18 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinadas 53´628 personas, entre ellas, más de 5 mil 800 mujeres y mil 800 niños y adolescentes. En promedio, son casi 100 personas asesinadas todos los días en el actual sexenio. Es el primer año y medio de gobierno más violento en lo que va del siglo. La tasa de asesinatos duplica, por ejemplo, a la registrada en mismo periodo de Felipe Calderón, y es 55% más alta que con el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero comparaciones más recientes también prueban el avance de la violencia en México. Los homicidios de hombres, mujeres y niños son más altos que en el año y medio previo a la llegada de AMLO.

Y en este mismo sexenio, de 2019 a 2020, la violencia homicida sigue subiendo aun cuando desde hace rato se ubica en niveles récord”.[3]

Entonces ahora, el punto debatible es si se debe continuar con la prioridad de la aprehensión de los otroras ‘Objetivos Principales’ o no, tomando en cuenta que las nuevas líneas indulgentes por parte de la vapuleada 4ª transformación, ya han dejado hasta este 15 de agosto pasado más de 56´603 muertos.[4] Por lo que, de seguir con esas endebles acciones combativas, al final del sexenio, nuevamente se romperá el sanguinolento record con más de 170´000 personas ejecutadas en México.

En ese tenor, podemos puntualizar que las ordenanzas persecutorias tienen que volverse una obligación no sólo primordial sino imperativa, irrenunciable, permanente e imprescriptible y que, sin disimulo alguno, deberían extenderse de la misma manera a todos sus sanguinarios brazos armados y demás tentáculos de poder que han permeado no sólo en las más altas esferas de gobierno sino en cualquier tipo de liderazgo social: ¡el estado mexicano, no puede ni debe arrodillarse ante aquellos! ¡No se puede acotar el éxito del estado mexicano, a unas cuantas detenciones espectaculares y en ocasiones jurídicamente absurdas ¡Sí! Porque nuestras leyes penales en su inexacta y corrupta aplicación, ¡se han convertido en un escueto subibaja de metrobús, de una estación a otra!

Pero aún más, el exterminio total de esos grupos delictivos, debe ir acompañado con la destrucción legal, real, efectiva y completa de su infraestructura material y financiera; de todos los cotos de poder que han embonado perfectamente bien en los tres niveles gubernamentales; así como con la urgente armonización legislativa, administrativa y judicial, para lograr la contención frontal contra ese mundo criminal que cada día y, a placer, está más empoderado que nunca.

Desde luego que nuestras fuerzas policiales federales, militares y estatales tienen el poderío material, estratégico, logístico y de excelente nivel de capacitación para hacer frente y sin ambigüedades, a esos inmundos delincuentes. Pero desgraciadamente no se cuenta con el principal ingrediente para fragmentar con veracidad a los enemigos de la nación: ¡La voluntad general de querer hacer que las cosas buenas sucedan! La decisión conjunta y férrea entre gobierno y sociedad, para extirpar ese carcinoma que se ha vuelto casi incurable.

Es imprescindible pues, la reconducción de un auténtico enfoque estratégico con contundencia y eficacia en esa contraofensiva delincuencial; transformar la redacción constitucional de seguridad pública por la de seguridad ciudadana, la cual tendría un gran impacto en la considerable extinción de conductas antisociales.

Y finalmente, la instauración de una política criminológica inteligentemente estructurada, que impacte frontalmente todos los delitos comunes, organizacionales y los cometidos por las y los funcionarios -incluyendo el falso reinado de un poder judicial depravado- que, bajo el cobijo licencioso de amparos y demás argucias legales, se vuelven intocables y de serlo súbitamente, más tardan en ser investigados y capturados que afrontar la legítima justicia. Con más razón, esas protervas autoridades deberían ser llamadas “Misiones Prioritarias de la Justicia Penal”.

 Gobierno, sociedad y crimen organizado ¡un matrimonio poligámico muy bien embonado y en eterna luna de miel!

[1] Revista Proceso. Con datos obtenidos del INEGI. 30 de julio de 2013.

[2] www.eluniversal.com. mx. Con datos recabados del INEGI. 26 de julio de 2019.

[3] Animal Político.com

[4] www.informador.mx. 16 de agosto de 2020.